La Fiscalía archiva la denuncia de Avalmadrid contra Arturo Fernández y Díaz Ferrán

La Fiscalía de Madrid recibió una denuncia de Avalmadrid contra miembros integrantes de su comité de riesgos y de la comisión ejecutiva por posible concesión de forma fraudulenta de operaciones de créditos a sociedades vinculadas al expresidente de CEIM Arturo Fernández y al expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán, pero el Ministerio Fiscal ha decidido archivarla al entender que los delitos estarían prescritos.

La denuncia la presentó la presidenta de Avalmadrid, Rosario Rey, ante las sospechas de vínculos con los beneficiarios. En concreto, se apuntaba a avales que "carecían de toda lógica" desde el punto de vista financiero a estas sociedades, como ha adelantado 'eldiario.es' este jueves.

Así lo recoge la Fiscalía en un informe emitido el pasado 23 de mayo sobre las diligencias de investigación abiertas respecto a la denuncia presentada contra los integrantes de este órgano de la sociedad de garantía recíproca y las sociedades La Central de Compras Cantoblanco SL del Grupo Cantoblanco (vinculado a Arturo Fernández), Rural Tours Viajes SA y Trap SA de Grupo Marsans (de Díaz Ferranz), y The Tie Gallery España SL, por si las mismas fueran constitutivas de algún ilícito penal.

La denuncia versaba sobre una serie de operaciones llevadas a cabo entre Avalmadrid y las sociedades referidas que la denunciante consideraba "irregulares o fraudulentas" a raíz de un informe pericial encargado por la sociedad.

Auditoría

Se encargó esta auditoría tras una inspección llevada a cabo por parte del Banco de España entre noviembre del 2016 y febrero del 2017 que tuvo por objeto 167 operaciones aleatorias cuya característica común era ser avales con vinculaciones entre las sociedades avaladas y los miembros del Consejo de Administración de Avalmadrid, que además resultaron "fallidos, en mora o de dudoso cobro" por la entidad.

En el informe realizado por Forest Partners se concluía que debían ponerse en conocimiento de Fiscalía dos operaciones sospechosas, las realizadas con Rural Tours Viajes SA y Trap SA, y las realizadas con The Tie Gallery SL. Posteriormente se decidió en el Consejo de igual modo incluir las realizadas con Central de Compras CantoblancoSL.

Según la denuncia todas estas operaciones se caracterizan por "carecer de lógica económica y ser aparentemente discrecionales, existir vinculaciones entre los miembros del órgano de Avalmadrid que aprobó la operación y sus beneficiarios, y haber causado un perjuicio económico a la sociedad de garantía recíproca.

Sobre el caso de la operación de la Central de Compras Cantoblanco SL concedido en abril del 2013, "concurren una serie de circunstancias cuanto menos sorprendentes, tales como que las ventas de esta sociedad presentaban a cierre del 2011 un fondo de maniobra negativo y un beneficio de 1.000 euros, cuando las cuentas depositadas en el Registro Mercantil difieren de las que utilizó el analista en su trabajo".

No se solicitaron garantías

Además, la Fiscalía ahonda en que el informe detalla que "no se solicitaron garantías a pesar del alto riesgo de la operación, no se realizó un análisis de riesgo diligente, el aval era desproporcionado" y se alude a que Arturo Fernández, entonces propietario del Grupo Cantoblanco, fue presidente de CEIM entre el 2007 y el 2014, siendo la patronal madrileña "uno de los socios protectores y consejero de Avalmadrid". Tras la concesión, el aval entró en morosidad en octubre del 2014 del 50%, siendo del 100% en junio del 2015.

Por su parte, las realizadas con Rural Tours Viajes SA y Trap SA, vinculadas a Díaz Ferrán, consisten en siete avales formalizados en febrero del 2010 por importes que van desde los 200.000 euros a los 917.978 euros cada aval. Aquí, los analistas internos dieron cuenta de los "fuertes riesgos y de la mala situación financiera del Grupo Marsans, que se declaró en concurso en junio del 2010, encontrándose en situación de insolvencia al menos desde febrero del 2010.

"Las garantías que se solicitaron no tenían valor alguno", ahonda el informe del Ministerio Público para incidir en la vinculación de Díaz Ferrán con la CEOE, aparte de que tres miembros de su grupo eran cargos de CEIM. Los avales entraron en situación de fallidos en el 2013.

Respecto a la operación con The Tie Gallery España SL, consistió en un aval de 100.000 euros que entró en situación de fallido en el 2014. "Las circunstancias en que se realizó esta operación y que hacen sospechar de la misma son que se concede llevando la sociedad tres años en pérdidas; las existencias eran superiores a las ventas, las garantías exigidas fueron inferiores a las recomendadas por el analista y el administrador único de la beneficiaria era miembro del Consejo de Administración de Avalmadrid en el momento de su concesión", ha agregado la exposición de la Fiscalía.

Administración desleal

Sobre estos hechos, el Ministerio Público expone que tal como vienen descritos en la denuncia, "y sin entrar a valorar si existen o no indicios de criminalidad de los mismos", podrían ser únicamente constitutivos de un delito de administración desleal vigente al tiempo de los hechos.

La conducta descrita consiste en la realización de operaciones por parte de los miembros del Consejo de Administración de Avalmadrid, que sin suponer una apropiación de activos sus activos, han supuesto una "disposición fraudulenta de los recursos de la sociedad en favor de personas vinculadas y que además han generado un perjuicio a la sociedad pues carecían de lógica económica al haberse concedido los avales a beneficiarios que no eran merecedores de los mismos por su situación económica financiera y en condiciones más ventajosas".

Al respecto, ha recalcado que el plazo de descripción de este delito es de cinco años y al presentarse la denuncia en abril de este ejercicio, "se encontrarían prescritos al haber transcurrido sobradamente ese plazo de prescripción de cinco años".

Malversación

"Cabría cuestionarse, si al encontrarnos ante una sociedad autorizada y supervisada por organismos públicos, y estar participado su capital social según consta en su propia página web por la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid (habiendo aportado capital de más de 16 millones de euros que en todo caso no la convierte en accionista mayoritario), estaríamos en presencia de una entidad de naturaleza mixta cuyos caudales o fondos han de tener la consideración de públicos, de manera que podríamos estar ante un delito de malversación de caudales públicos", ha razoando el Ministerio Público.

Sin embargo, ha especificado que la conducta denunciada "no consiste en sustraer ningún caudal o efecto sino en hacer un mal uso de él" en el Código Penal del momento de los hechos aunque sí tendría cabida en la reforma emprendida en el 2015.

"Este artículo no estaba en vigor en el tiempo de los hechos y no podemos aplicar retroactivamente este artículo en la medida en que le sería desfavorable a los denunciados", ha destacado. Además, el delito de malversación "se desvanece" por el carácter "mercantil" de estas sociedades.

"En atención a todo lo anterior, entendiendo que los referidos hechos denunciados podrían ser constitutivos de delitos en todo caso prescrito, se propone, salvo mejor criterio el archivo de las presentes actuaciones, sin necesidad de más trámites de investigación", ha fianlizado la Fiscalía.