Otro caso judicial acosa a Sarkozy por tráfico de influencias

El acariciado retorno de Nicolas Sarkozy a la política ha topado con nuevos obstáculos. Según ha publicado Le Monde, la justicia ha abierto una investigación, esta vez por tráfico de influencias, por favorecer supuestamente al magistrado Gilbert Azibert a cambio de información confidencial sobre lo que preparaba el Tribunal de Casación en torno al caso Bettencourt, en el que el expresidente estaba implicado.

Pero lo más sorprendente es cómo se ha destapado el asunto. La presunta violación del secreto judicial a cambio de una promoción profesional -un alto cargo en Mónaco- se descubrió a raíz de la investigación de otro caso, el que se refiere a la financiación ilegal de la campaña presidencial de Sarkozy en el 2007 por parte del fallecido dictador libio Muhamar Gadafi.

En abril del 2013, los dos jueces que dirigen las pesquisas tomaron una decisión inédita en Francia: pinchar el teléfono de un expresidente de la República. También fueron intervenidos los móviles de algunos de los más estrechos colaboradores de Sarkozy, entre ellos los exministros del Interior Brice Hortefeux y Claude Gueant. Las escuchas -que incluyeron un segundo teléfono utilizado por Sarkozy bajo otro nombre y reservado para hablar de los asuntos sensibles-  aparentemente no permitieron saber más cosas sobre una eventual aportación de 70 millones de euros a la campaña por parte de Gadafi, como sostiene el diario digital Mediapart. En cambio, pusieron de manifiesto que Sarkozy y sus ministros estaban al corriente de las interioridades judiciales del caso

Bettencourt, en el que Sarkozy fue imputado por abusar de la debilidad de la nonagenaria heredera de L'Oreal para financiar su campaña. Unas fugas de información procedentes de la propia judicatura. Según Le Monde, el autor es el magistrado Azibert, cuyo domicilio fue registrado por la policía el pasado mes de marzo, igual que el del abogado del expresidente, Tierry Herzog.

«ESCÁNDALO DE ESTADO» / Cuando aún no ha amainado la tormenta provocada por las escuchas clandestinas a Sarkozy a cargo de su principal consejero, Patrick Buisson, las nuevas revelaciones provocaron un nuevo seísmo. «Es un escándalo de Estado que muestra el funcionamiento del clan de Sarkozy y pone en entredicho la independencia de la justicia», se exclamó Harlem Désir, primer secretario del Partido Socialista (PS).

En el partido del exjefe del Estado, la Unión por un Movimiento Popular (UMP), el asunto fue interpretado como un complot orquestado por los enemigos de Sarkozy para impedir que este vuelva a optar al Elíseo en el 2017. También lo ven como un montaje para perjudicar a la derecha a dos semanas de unas elecciones municipales que se presentan difíciles para los socialistas. En lo que todos están de acuerdo es en que los principales beneficiarios son «los extremos».