La TV griega no se calla

«Llamamos a todos los griegos a que acudan a la ERT lo antes posible. Una vez esta emisión sea interrumpida, lo que ustedes escuchen no será la voz de la radio pública». Estas palabras, agónicas, fueron las últimas de Nikos Tsimbidas antes de ser desalojado de la sede principal de la radiotelevisión pública griega (ERT). Pasaban pocos minutos de las 5.30 de la mañana y una hora antes los agentes antidisturbios habían penetrado en el edificio y recorrían las salas echando a todo el personal por orden del Gobierno. Tsimbidas siguió retransmitiendo hasta que se lo llevaron por la fuerza.

Armados con porras, cubiertos con cascos y haciendo uso de gases lacrimógenos, los policías acababan con la ocupación del edificio central de la ERT, que se había prolongado casi cinco meses, exactamente desde el pasado 11 de junio, cuando entró en vigor el decreto del Gobierno de Antonis Samarás que acababa de un plumazo con la radiotelevisión pública.

Desde el cierre formal de ERT se ha producido una situación surrealista: Grecia no disponía de una televisión pública, sino de dos. Por un lado, el Gobierno puso en marcha un canal transitorio, la Televisión Pública (DT), controlado por sus partidarios y que la oposición ha decidido boicotear, y, por otro, los trabajadores de la antigua ERT, desde los centros ocupados en Atenas y otras ciudades, emitían libremente, sin jerarquías y decidiendo la programación de manera asamblearia. El canal era profundamente antigubernamental, pero todos los trabajadores coincidían en que, por primera vez en sus vidas, podían contar la actualidad griega sin interferencias de los actores políticos.

Soplo de aire fresco

Estos meses de la ERT ácrata han supuesto un soplo de aire fresco en el panorama audiovisual de Grecia, controlado por empresarios afines a los conservadores y a los socialdemócratas que actualmente gobiernan en coalición. Y, claro está, al Gobierno no le interesaba.

«Se trataba de una ocupación ilegal (...). [La ERT] estaba siendo usada para la agitación política», justificó el portavoz del Ejecutivo, Simos Kedikoglu. En cambio, la oposición tachó la entrada en ERT de «golpe de Estado» y los izquierdistas de Syriza presentaron una moción de censura contra el Gobierno, que será votada el domingo. «Diez días antes del aniversario de la toma del Politécnico por parte de la Junta Militar (ocurrida en 1973), el Gobierno ha invadido la ERT del mismo modo», denunció el presidente de la Federación Nacional de Periodistas, Yorgos Savvidis.

Los propios periodistas aseguraron a este diario que la acción policial es ilegal porque, aunque los agentes acudieron junto a un fiscal, no había una orden judicial de desalojo. «No sé qué trata de hacer el Gobierno respondiendo con la fuerza, cuando nosotros solo queremos defender la libertad y la legalidad», dijo a EL PERIÓDICO la productora radiofónica Maria Kutsibiri, a la vez que prometía continuar trabajando por sacar adelante la programación pese a que hace cinco meses que no cobra, ya que, como el resto de los 2.600 extrabajadores de la ERT está formalmente despedida.

«Tenemos a mucha gente que nos apoya y una veintena de estudios aún ocupados en todo el país y continuamos emitiendo por internet», explicó, subrayando que los extrabajadores de la ERT están siguiendo muy de cerca el caso del Canal 9 valenciano.