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CAMBIOS EN UN MERCADO AL ALZA

Las inmobiliarias 'low cost' desafían a la industria tradicional

Las nuevas 'proptech' bajan los precios de las transacciones e incorporan trazabilidad a las operaciones

Los agentes tradicionales defienden su conocimiento del mercado y la capacidad de gestionar las ventas

MAX JIMÉNEZ BOTÍAS / BARCELONA

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Agencia inmobiliaria en la Gran Via de Barcelona. / JOAN CORTADELLAS

Las inmobiliarias 'low cost' representan todo un desafío para el sector tradicional. Como ha ocurrido con Airb&b en la actividad del alojamiento o con Uber en el transportes, el nuevo modelo de agencias para vender o alquilar pisos que utiliza la tecnología ('big data') como procedimiento habitual y, de hecho, prescinden de los intermediarios, se acerca más a la economía colaborativa que a las prácticas habituales de compraventa de inmuebles. En poco menos de un año, un decena de agencias de este tipo --cinco de ellas solo en Catalunya-- han comenzado a operar en el mercado español. Cliventa, Housell, Housfy, Propertista y House AG se pelean por el mercado catalán y se lo disputan a la agencias de toda la vida.

Aunque sus cifras están lejos de las que manejan las 'proptech' ('propiedad-tecnología', el término con el que se definen estas empresas) de otros países, son ya una sería competencia para la recuperada industrial de la venta de inmuebles. Purple Bricks es el buque insignia de este tipo de negocios en Europa. La 'proptech' británica interviene en 40.000 operaciones de compraventa al año. Y ha marcado el camino a la nueva operativa: la agencia, de hecho, no realiza la operación, sino que pone en contacto a compradores y vendedores y les ofrece los servicios para que estos puedan culminar la compraventa. Cobra una comisión por los servicios prestados, una tarifa fija, que en muchos casos se aplica aun en el caso de que no se llegue a realizar la operación. 

Responsabilidad ante el cliente

Aunque la Generalitat de Catalunya no ejerce la labor de inspección de las agencias inmobiliarias, estas no pueden operar si no están inscritas en el registro y tiene el número de agente correspondientes. para conseguirlo se les exige res requisitos: una ubicación, la formación adecuada y un seguro de caución y otros de responsabilidad civil, según explica Xavier Roig, responsable del registro. 

Una agencia tradicional debe asumir una caución (garantía) frente a los consumidores de 60.000 euros, mientras que en el caso de la agencia telemática debe asumir una garantía de 300.000 euros. En el caso del seguro de responsabilidad civil , la agencia tradicional debe cubrir los 100.000 euros por siniestro (600.000 euros por año). La agencia de internet asume 15.000 euros o un millón por año.

Las 'low cost' españolas cobran entre 800 y 1.000 euros por la operación. Precisamente el precio --apenas supera el 5% de los 12.000 o 15.000 euros que puede llegar a cobrar una agencia tradicional por realizar la operación de venta-- y la trazabilidad de la operación --vendedor y comprador conocen en todo momento el estado de la operación--, aportan mayor transparencia al proceso. Y estos son los principales argumentos que justifican la naturaleza de estas agencias y se reflejan en su propia publicidad.

"Proptech es la digitalización de todos los procesos que ocurren en una transacción inmobiliaria sea entre particulares o pequeños inversores. En los próximos meses y años vamos a ver 'start ups' innovando y fondos de capital riesgo apostando por un sector que va a cambiar", vaticina Guillermo Llibre, socio fundador y consejero delegado de Housell. "No van a desaparecer las inmobiliarias tradicionales pero van a aparecer nuevos actores, muchos más tecnológicos, que van a hacer que el sector potencie la innovación y la digitalización. Estas empresas aportan transparencia y trazabilidad. Algunos vendedores van a preferirlas por dos motivos: porque van a ver todo lo que hacemos y porque tendrán el control total del proceso de venta”, subraya Llibre.

LA COMPETENCIA

Lo cierto es es que estas inmobiliarias llegan al mercado en el momento de máxima agitación desde que irrumpió la crisis. La proliferación de agencias en las zonas en las que la demanda presiona comienza a ser significativa. En Barcelona 766 agentes inmobiliarios se han dado de alta en el registro oficial de la Agència de l'Habitatge de Catalunya desde el 2014, año en el que la actividad comenzó a repuntar, para sumar un total de 2004 agencias. Y en toda Catalunya, la cifra asciende a 1.700 agencias, para un total de 6.000. No se ha llegado aún a las 10.000 agencias que existían antes de la crisis. Pero puede que sí hayan vuelto algunas prácticas: "El peluquero de mi barrio ha cerrado su establecimiento para abrir una agencia inmobiliaria", explica Francisco José Zapico, fundador de Inmobiliaria Low Cost Madrid, una firma que combina el modelo tradicional y el 'proptech', y que empezó a operar en septiembre pasado con precios por debajo de la media del mercado.

Más no significa mejor, según Alber Bosch, socio fundador de Housfy, una 'proptech' que no hace ni seis meses que está en el mercado. "Por un piso tenemos el doble de contactos que una agencia tradicional", explica. Según la experiencia que acumulan, en dos meses generan 60 contactos, a partir de 3.500 consultas en internet. Los  contactos generan unas 20 visitas de las que la vena se deriva en un espacio no mayor a los dos meses. "Una agencia tradicional suele atraer los 60 contactos en unos cinco meses", agrega.

Los vendedores tecnológicos del ladrillo coinciden en la ganancia de transparencia que representan su opción, pero los agentes tradicionales defiende su territorio: "La experiencia, el conocimiento del mercado y la gestión que aportamos a las operaciones están a nuestro favor", afirma Joan Oller, presidente del Col·legi d'API de Catalunya. "Somos los primeros que hemos luchados para que este colectivo esté regulado y velamos por las buenas prácticas", agrega. Los API representan el 75% del colectivo de las agencias, pero no es obligatoria su afiliación. La única obligatoria es la del Registro de Agentes Inmobiliarios, que depende de la Generalitat. 

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