Crece la morosidad de las firmas del Ibex pese a la recuperación

La recuperación de la economía no parece que esté sirviendo a las grandes empresas para reducir la morosidad con sus proveedores. En el 2014, las firmas del Ibex 35 tardaron de media 187 días en pagar sus deudas y el nivel de impagos ascendió a 57.824 millones de euros, según denunció la plataforma multisectorial contra la morosidad (PMcM), que ha constatado un ligero empeoramiento de la situación respecto del 2013.

Si a este montante se suman las cantidades aún no pagadas por las empresas del mercado continuo, el importe de las facturas en cartera asciende a 66.680 millones de euros.

El retraso de los pagos en el sector privado triplica el plazo permitido por la ley, que es de 60 días.

Mediante el análisis de los datos que las compañías entregaron a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la plataforma ha calculado que ese volumen de miles de millones no abonados representaría unos intereses de demora de 1.640 millones de euros, que rozaría los 2.000 millones de euros sumando los datos del mercado continuo.

El ahorro financiero para las firmas sería de 1.200 millones de euros,

Estos retrasos contrastan con el tiempo de cobro de las cotizadas a sus proveedores, que en el 2014 fue  de 84 días de media, cinco días más que en el 2013, según el informe presentado ayer por Antoni Cañete, presidente de la plataforma multisectorial, quien lamentó la «inoperancia del Gobierno» en esta materia pese a sus compromisos públicos.

Los dos sectores que aumentaron el tiempo de liquidación de las facturas fueron comercio y servicios (8%) y construcción e inmobiliario (2%), mientras que industria y energía mejoraron sus tiempos de pago. En construcción la demora llegó a sumar 300 días en el 2014.

ASAMBLEA / La plataforma celebrará a mediados de septiembre una asamblea para debatir, entre otras cosas, los cambios de la futura ley de contratos del sector público.

Cañete criticó que el texto, aún en fase de anteproyecto, impide los pagos directos a los subcontratistas, en su mayoría pymes, al contrario de lo que recomienda la directiva de la Unión Europea. La plataforma está molesta por la «presión» ejercida por la CEOE para que las pymes no mejoren su acceso a la contratación pública así como la «pasividad» de la Cepyme por consentirlo, según Cañete, que denunció que las grandes compañías «parecen financiarse a costa de sus proveedores».