El Gobierno se limita a impulsar una antigua medida contra Argentina

Desde que Argentina expropió a Repsol el 51% de YPF el pasado lunes, el Gobierno alentó la expectativa de que el Consejo de Ministros de ayer iba a adoptar represalias. Destacó el ministro de Industria, José Manuel Soria, que prometió medidas «claras y contundentes» en energía, comercio e industria. Pero al final solo una iniciativa concreta salió de la reunión, y además antigua y no diseñada exclusivamente contra el país iberoamericano.

El Gobierno, así, ha rescatado una medida que estuvo a punto de aprobar el anterior Gabinete del PSOE para primar el biodiésel español y europeo. El exministro de Industria Miguel Sebastián la tenía preparada, pero el presidente José Luis Rodríguez Zapatero la echó para atrás el pasado verano para no enojar a su homóloga argentina, Cristina Fernández de Kirchner. La misma que acaba de nacionalizar YPF.

Industria va a asignar unas cuotas de producción a las plantas de biodiésel españolas y comunitarias que lo soliciten. Su producto será el único que compute para cumplir los objetivos legales de uso de combustibles verdes (el biodiésel debe suponer el 6,5% del consumo de gasóleo en el 2012 y el 2013), de manera que no servirá el extracomunitario.

COMPETENCIA DESLEAL / La iniciativa, así, no va expresamente dirigida contra Argentina, aunque será la principal damnificada ya que es el país del que España importa más biodiésel. El año pasado lo hizo por valor de unos 700 millones de euros, con lo que es la principal partida que desnivela la balanza comercial entre los dos países a favor del iberoamericano (el déficit comercial de España con Argentina es de 946 millones, pues exporta por 824 millones e importa por 1.770 millones).

Argentina incurre en competencia desleal, porque vende más barato el biodiésel que la soja con que se produce. Ello ha provocado que en el último trimestre las importaciones del país e Indonesia alcancen una cuota en el mercado del biodiésel del 89%. La medida es justa, pero no nueva, ni expresamente dirigida contra el Ejecutivo de Fernández de Kirchner. España, de hecho, llega tarde: Francia, Portugal e Italia tienen aprobadas desde hace tiempo iniciativas similares con el amparo de la Unión Europea (UE).

SIN RESPUESTA / Pese a la parquedad de la reacción del Gobierno frente a lo prometido, la vicepresidenta, Soraya Saénz de Santamaría, no quiso adelantar si el Ejecutivo prepara nuevas iniciativas. «Cuando se vayan adaptando más medidas las trasladaremos. No voy a anunciar más medidas hasta que no tengan una concreción», aseguró.

El principal problema es que la mayoría de las medidas «contundentes» prometidas solo pueden ser adoptadas por la UE o por los organismos internacionales de los que España es parte. La vicepresidenta reconoció que el Gobierno «seguirá buscando medidas y acciones de naturaleza diplomática», aseguró que ya ha realizado un «importante despliegue» internacional, valoró el «amplio apoyo» recibido, y apuntó que España tratará de que la UE retire las ventajas arancelarias de Argentina. También recordó que los «incumplimientos» comerciales del país son «generalizados», lo que ha generado roces con la UE y EEUU.