PRESUNTO DELITO CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA
La Agencia Tributaria investiga si los Carulla defraudaron durante cinco años
La investigación se centra en un miembro de la familia y en una trama de empresas holandesas
La Agencia Tributaria ha investigado los movimientos económicos de algunos miembros de la familia Carulla, propietaria del grupo empresarial Agrolimen, desde el 2003 hasta, al menos, el 2007. En su dictamen, en poder del juez Josep Maria Miquel Porras, que ha abierto una investigación por presunta delito fiscal, se detalla el supuesto impago del IRPF y de sociedades de algunos miembros de la familia durante varios ejercicios.
Fuentes conocedoras de las pesquisas han situado a Jordi Carulla Font en el centro de la investigación judicial, que ha sido declarada expresamente secreta. El magistrado está recogiendo datos sobre las operaciones denunciadas por Hacienda y las entidades que participan en la presunta defraudación al erario público.
Jordi Carulla
Las fuentes jurídicas consultadas han asegurado a EL PERIÓDICO que la investigación se centra, por ahora, en Jordi Carulla, uno de los seis hermanos que figuran en el informe de la Agencia Tributaria, y que sería el administrador de una de las empresas holandesas que están en el entramado societario presuntamente utilizado para evadir impuestos. Dos de las sociedades descritas en el informe de Hacienda son Venelpark y Merimare Investments Amesterdam, radicadas en los Paises Bajos, y que poseen un importante paquete de acciones de Argolimen.
En las operaciones bajo sospecha también está vinculada la firma Nerdelpark, domiciliada en las Antillas Holandesas (paraíso fiscal) así como las compañías Grupsur, de Uruguay, y Grupcost, de Costa Rica. Por ahora, el juez no ha citado a nadie a declarar.
Guy Laforet
La Audiencia Nacional no solo remitió a los juzgados de Barcelona las diligencias abiertas contra seis miembros de la familia Carulla (los hijos del fundador de la empresa) por presunto delito fiscal, sino también un procedimiento respecto al empreario catalán Guy Laforet por presunto fraude fiscal.
El juez Josem Maria Miquel Porras también está tramitado este pleito y ha acordado que se le cite a declarar, aunque no ha detallado todavía la fecha. Sería tambien un presunto caso de deslocalicalización fiscal. Es decir, fijar el domicilio fiscal en el extrajero mientras que realmente la actividad económica se desarrolla en España. Esta situación permite no pagar impuestos en España
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