Los pensionistas tendrán una paga extra en enero por el IPC

Una paga que los pensionistas recibirán en torno al 20 de enero del 2011 les resarcirá de la subida del índice de precios de consumo (IPC) ya que la tasa de inflación se situó en noviembre en el 2,2%, un mes que el Ministerio de Trabajo toma como referencia para actualizar las prestaciones.

Los aproximadamente ocho millones y medio de pensionistas serán compensados con un 1,2% de subida con carácter general que supondrá un gasto para las arcas públicas de 2.472 millones de euros, según los primeros cálculos oficiales. La paga significará un desembolso de 1.135 millones por la desviación al alza de la inflación. La consolidación de esta subida en la nómina para el próximo año representa otros 1.337 millones de euros.

LAS CONTRIBUTIVAS / Pese a que el Gobierno tiene prevista la congelación de las pensiones para el 2011, dentro del paquete de medidas contra el déficit público, no habrá pérdida de poder adquisitivo. Además del incremento del 1,2% con carácter general, las pensiones mínimas subirán el 2,2% para unos 3,3 millones de perceptores que incluyen además a los beneficiarios del SOVI, de pensiones no contributivas y prestaciones familiares.

Sin embargo, la compensación por desviación de inflación no afectará a las pensiones que hayan sido reconocidas durante el 2010.

Esta semana va a ser decisiva para la reforma del sistema público de pensiones. El ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, comparecerá mañana ante la comisión del Pacto de Toledo, ante la que podría presentar un nuevo documento que revele las intenciones más precisas del Gobierno, que ya las mostró en el papel enviado el pasado mes de febrero.

Los portavoces de las fuerzas políticas parlamentarias manifestaron ayer, en un seminario organizado por Axa, su disposición a llegar a un acuerdo y ha presentar sus recomendaciones antes de fin de año, tal y como reclamó el viernes el presidente del Gobierno. Pero algunos pusieron condiciones.

DIVERGENCIAS / Tomás Burgos, del PP, consideró como un obstáculo para el pacto la congelación de las prestaciones para el próximo año. Y al igual que Emilio Olabarría, del PNV y Gaspar Llamazares, de IU, calificó de «innecesaria, injusta y arbitraria» la prolongación de la vida laboral de los 65 a los 67 años.

En la necesidad de la reforma por razones demográficas coincidieron los portavoces del PP, PNV y la portavoz socialista Isabel López Chamosa, no así Llamazares, que no la consideró urgente.

Para compensar la pérdida de ingresos y el aumento del gasto si no se amplia la edad de jubilación, la oposición propuso incentivar aún más la voluntariedad para seguir trabajando, acabar con la financiación pública de las prejubilaciones y políticas activas para crear empleo estable que permita acumular años de cotización.

En este sentido, el dirigente de UGT Toni Ferrer, presente poco antes en el mismo foro, recordó que la reforma laboral ha aumentado la temporalidad, lo que es un obstáculo para que los trabajadores más jovenes tengan en el futuro vidas laborales largas que les permita sumar el mínimo para tener derecho a una prestación.