SOS Racisme tacha la actitud de Barcelona hacia los manteros de "hipócrita y racista"

SOS Racisme ha exigido este martes al gobierno de Ada Colau que revise "la marca de ciudad que quiere proyectar al mundo" y entienda que priorizar el turismo de masas y no aceptar la imagen de negros vendiendo con mantas en el paseo de Gràcia es una decisión "hipócrita y racista". La petición se ha hecho en el marco de una rueda de prensa convocada por la entidad para hacer público que en Barcelona persisten las "prácticas policiales racistas" hacia los manteros.

Su directora, Alba Cuevas, ha denunciado que la Guardia Urbana ha protagonizado 44 casos de abuso y vulneración de derechos contra vendedores ambulantes entre el 2010 y el 2016, ocho de ellos en el 2016, "cuando este gobierno ya llevaba un año al mando". Como respuesta a esta situación de "racismo institucionalizado", Cuevas ha instado a la alcaldesa Colau a expulsar del cuerpo a los agentes responsables y ha recordado que su organización no defiende "siempre" a los manteros, y que los casos que llevan han pasado antes un estricto protocolo. "La represión por parte de la Guardia Urbana, el Código Penal y la ley de extranjería" son un "cóctel altamente peligroso para los derechos humanos", ha alertado.

La organización de defensa de los derechos humanos evidencia que la venta ambulante no autorizada es una realidad estructural que ha existido siempre en Barcelona, y recuerda que las personas que se dedican a ella están altamente expuestas a sufrir situaciones de abuso y vulneraciones de derechos, "lo que no suele tenerse en cuenta al abordar el tema", ha criticado.

IDENTIFICACIONES POR PERFIL ÉTNICO

Cuevas ha puesto también sobre la mesa que la policía barcelonesa no sigue un protocolo claro de actuación "que respete, proteja y garantice los derechos humanos". Las prácticas arbitrarias y los casos de abuso más habituales, según las experiencias recogidas por esta organización, son las identificaciones por perfil étnico, las detenciones ilegales, los atestados 'ad hoc' para justificar la actuación policial y la aplicación de la vía penal como primera opción, en lugar de priorizar la sanción administrativas, que, a sus ojos, es la infracción más clara en cualquier caso.

"Además, el Ministerio Fiscal acostumbra a pedir penas desproporcionadas, con un resultado evidente: la impunidad de los agresores y la criminalización de las personas que se dedican a la venta", ha destacado Alicia Rodríguez, coordinadora del servicio de atención y denuncia de la entidad. 

DELITOS FALSOS

Para ilustrar estas situaciones de vulneración de derechos, Rodríguez ha expuesto el caso de 'Manel' -nombre ficticio- un vendedor ambulante senegalés que lleva 12 años viviendo en Catalunya con permiso de residencia. Desde este servicio le defienden en cuatro casos por acusaciones de venta ambulante y lesiones en los que, según denuncia SOS Racisme, se han producido irregularidades: no se le detuvo en el momento y se le acusó solamente en base a una identificación por fotografías, "además de que se le atribuyeron delitos falsamente", señala Rodríguez.

Este martes celebraban que han conseguido que sea absuelto de una petición de cuatro años de prisión. "La persecución a 'Manel' -quien no ha querido dar su nombre ni aparecer ante la prensa por miedo- empezó después de que un familiar suyo denunciara a un policía", han señalado.

La abogada de la entidad Lorena Antón ha añadido que constatan que los jueces se creen mucho más la versión policial que la del vendedor, "a quién no dan credibilidad", que no se cuestionan los atestados policiales y que la actuación de la fiscalía se centra en defender los intereses de las grandes marcas.