Los poderes públicos desdeñan el horario racional que predican

Cada tarde se repite una escena en empresas españolas de toda condición cuando algún osado trabajador enfila el camino de vuelta a casa antes de lo acostumbrado. Indefectiblemente, se expondrá a los comentarios jocosos de los compañeros. «¿Ya te vas? ¡Pareces un funcionario!», le soltará, seguro, alguno.

Más allá de estereotipos, chascarrillos y comparaciones odiosas, la Administración pública pasa por ser una excepción en la organización de la jornada profesional frente al trajín de horarios con que se manejan la mayoría de las empresas. Ni la extensión de la actividad laboral a 37,5 horas ha restado valor al empleo público como una referencia para armonizar la faceta laboral y la personal. Pero, ¿cuál es la contribución real de las instituciones a la racionalización de horarios? ¿Cuándo convocan actos? ¿Predican con el ejemplo o la conciliación es un discurso vacío sin incidencia en la planificación laboral de políticos y cargos?

El Gobierno dice tomarse en serio la conciliación pero su única medida concreta la presentó ayer la ministra de Sanidad e Igualdad, Ana Mato, al año y medio de ganar las elecciones: una subvención a 12 proyectos municipales para crear guarderías en polígonos industriales. Si es que eso es conciliación.

El Congreso, en cambio, ha tomado la iniciativa al crear una subcomisión de racionalización de horarios, conciliación y corresponsabilidad que en unas semanas emitirá un dictamen con recomendaciones al Ejecutivo y a los partidos. La impulsora de este órgano temporal, la diputada de CiU Lourdes Ciuró, no se hace muchas ilusiones, dado el carácter de simple recomendación que tendrá el documento, pero cree que han surgido algunas propuestas que podrían llevarse adelante.

ASIGNATURA PENDIENTE / Ciuró reconoce que los políticos son uno de los sectores donde la conciliación es una clarísima asignatura pendiente y no siempre lo justifican sus tareas. Ante la subcomisión, la presidenta de la Federación de Asociaciones de Prensa de España, Elsa González, sacó los colores a los partidos por hacer ruedas de prensa y actos o lanzar comunicados en «horarios inconcebibles en Europa».

Muchos debates parlamentarios que empiezan por la tarde se alargan hasta casi la hora de la cena «sin ninguna necesidad», por lo que CiU también propondrá fijar una hora obligatoria de finalización. Tras muchos años de reclamaciones, el Congreso ha aceptado la posibilidad de que las diputadas puedan votar desde casa durante la baja maternal.

Los buenos propósitos del Govern, el actual y el anterior, a este respecto son tan antiguos como incoherentes con su agenda de actividades. Prácticamente todas las cumbres convocadas por el president, Artur Mas, en esta legislatura se han celebrado por la tarde. Y la que finalmente se desconvocó, sobre políticas sociales, tenía previsto celebrarse un sábado por la mañana, cuando finalmente se organizó una reunión informal.

Tampoco el Parlament da ejemplo, al alargar con frecuencia sus plenos hasta las ocho y las nueve de la noche, con escasa presencia de diputados a esa hora, por cierto. La agenda del presidente y los consellers incluye actos desde las nueve de la mañana a las diez de la noche. Fines de semana, incluidos.

LA JUSTIFICACIÓN DEL PÚBLICO / Entre las convocatorias institucionales de la Administración catalana abundan las que se celebran pasadas las siete y media, elección que se justifica para garantizar que el público pueda asistir tras su jornada laboral. Es evidente que todo forma parte de una rueda a la que unos y otros deben adaptarse. Pero no lo es menos que estos actos no acaban nunca antes de las nueve de la noche.

La situación cambia entre las bases, con miles de empleados públicos que ya se han acogido a la actual normativa, del 2006, para reducir jornada de forma bonificada, alegando atención a menores, familiares discapacitados y ancianos. El Govern esgrime una cuestión cultural y asume que nunca se reproducirán los horarios laborales de otros países europeos o de EEUU, donde se reciben correos electrónicos enviados a las seis y media de la mañana.

Mientras, la agenda pública del Govern y el Parlament sigue por los malos derroteros. Políticos, asesores y medios de comunicación se quejan de estar inmersos en un rígido engranaje del que salen perdiendo sus respetivas vidas familiares.

En el Ayuntamiento de Barcelona, con cerca de 10.000 trabajadores, hay dos velocidades horarias según la responsabilidad. Por un lado, el personal administrativo, los funcinarios de toda la vida, que laboran al margen de la marea política y se rigen por amables tiempos de trabajo. En las antípodas, los 41 concejales y sus colaboradores más cercanos, con una agenda que les puede alejar de casa de primera hora hasta el informativo nocturno. Mención especial para el alcalde, Xavier Trias, que puede iniciar el día en un foro de opinión a las nueve y cerrarlo con una cena con empresarios.

Los mecanismos municipales no parecen ser el paradigma a seguir respecto a usos del tiempo. Sirvan como ejemplo las comisiones previas a las semanas de pleno en que se abordan asuntos de interés para la ciudad. Las sesudas sesiones nunca empiezan antes de las 9.30 horas, y por la tarde, muchas veces, se mantienen reunidos desde las cuatro y media hasta las nueve de la noche.

GESTIÓN TEMPORAL / Según datos del consistorio, los funcionarios trabajan con una permanencia matinal mínima de cinco horas, de 9.00 a 14.00 horas. Pueden entrar a las ocho y salir a las tres de la tarde para cumplir 30 horas de lunes a viernes antes de salir a comer. Así acumulan las siete y media restantes en dos tardes a la semana para dedicar las otras tres a sus menesteres personales. Los que gusten de un largo ágape de dos horas, pueden quedarse hasta las 20.00 horas, como máximo.

El consistorio cuenta con una concejalía de Usos del Tiempo para «una mejor gestión temporal de la vida cotidiana». Dispone de un grupo de trabajo en el que, junto a 70 empresas, fomenta la conciliación laboral y familiar. El 2012 entregó los primeros premios a compañías sensibilizadas con un tema que los propios políticos parecen considerar todavía una quimera.