"Herramienta preventiva"
Vilanova aprueba un protocolo para desahuciar a ocupas conflictivos en viviendas de grandes tenedores
El Ayuntamiento asegura que el objetivo es "actuar en casos que generen problemas de convivencia, que acojan actividades delictivas o que puedan comportar algún riesgo"
La Generalitat compra un centenar de pisos en Vilanova i la Geltrú para destinarlos a vivienda social
La pesadilla de las ocupaciones delincuenciales
El Periódico
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El Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú ha aprobado un protocolo para poder solicitar al juzgado el desahucio de los ocupantes de una vivienda en el caso de que causen problemas de convivencia o seguridad, y en el supuesto de que sean de grandes tenedores (propietarios con más de diez inmuebles) y que estos propietarios no actúen para activar el desahucio.
Según el alcalde, Juan Luis Ruiz (PSC), el protocolo para impulsar los desahucios en el caso de ocupaciones delincuenciales y conflictivas "es una herramienta más del Ayuntamiento para poder luchar contra este tipo de ocupaciones. Nos sumamos a lo que ya han hecho otros ayuntamientos, aprovechando la posibilidad que nos da la ley para poder impulsar este tipo de desahucios".
El gobierno municipal ha resaltado que este protocolo se enmarca en la ley de la vivienda aprobada ahora hace un año en el Congreso de los Diputados, y ha apuntado que es una "herramienta preventiva" para evitar conflictos en la ciudad. Aun así, el Ayuntamiento también ha admitido que hay "casos puntuales" en diferentes lugares de la ciudad en los cuales prevé aplicar este protocolo porque hay ocupas conflictivos desde hace años: "Ahora podremos actuar", ha celebrado el alcalde.
La concejala de Vivienda, Iolanda Sànchez (Vilanova En Comú Podem), ha explicado que el Ayuntamiento puede actuar de instancia o de oficio cuando constate a través de informes de la policía que hay actividades delincuenciales, que alteran el orden público, que hay problemas de convivencia o de seguridad graves. Tras comprobar que la vivienda es de un gran tenedor, se iniciaría el procedimiento administrativo para, en el supuesto de que el propietario no actúe para desocuparlo, pedir a los juzgados que activen el desalojo: "Son cuatro supuestos sobre los cuales podemos actuar porque tenemos el deber de asegurar la seguridad del inmueble", ha defendido Sànchez.
Tanto el alcalde como la regidora han destacado el problema social que hay detrás las ocupaciones: "A pesar de ser un tema de vivienda, realmente es una problemática social. El problema de vivienda es básicamente que no tenemos oferta, y que aquí tenemos que poner todos los esfuerzos, por eso el gobierno está trabajando para activarlo". El procedimiento prevé la coordinación de la concejalía de Vivienda, la Policía Local, los servicios jurídicos y la concejalía de Acción Social.
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