En colaboración con Mossos

Las constructoras del Vallès, preocupadas por los efectos económicos de las ocupaciones en Terrassa

  • El Gremio de la Construcción del Vallès y los cuerpos policiales ponen en marcha unas pautas para evitar empleos ilegales

Los Mossos d’Esquadra vigilan, ayer, el bloque de viviendas de La Llagosta donde se ha producido la ocupación ilegal.

Los Mossos d’Esquadra vigilan, ayer, el bloque de viviendas de La Llagosta donde se ha producido la ocupación ilegal. / FERRAN NADEU

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El Periódico

El Gremio de la Construcción del Vallès, en colaboración con el cuerpo de los Mossos d'Esquadra y de la Policía Municipal de Terrassa, han definido una recopilación de pautas de actuación para evitar las ocupaciones de viviendas de nueva promoción y viviendas pendientes de derribo o reforma. Según estas fuentes, el objetivo de este mecanismo es evitar que los empleos ilegales se consoliden y que, por tanto, los cuerpos policiales puedan actuar con celeridad y garantizar que se restituye la propiedad de forma inmediata.

Según datos aportados por el Gremio, en Terrassa se conocen actualmente más de 1.300 empleos consolidados, principalmente en viviendas que pertenecen a grandes tenedores. Sin embargo, desde el gremio alertan que "cada vez más, las pequeñas y medianas empresas terrasenses del sector se ven afectadas".

Además, explican que "cuando se produce un empleo ilegal, los propietarios y los promotores de la obra sufren la interrupción del proyecto de construcción, por lo que, no solo genera pérdidas para el promotor, así como a las empresas y trabajadores que trabajan en la obra", asimismo, manifiestan que "uno de los principales damnificados por una ocupación de una obra a punto de terminar son los compradores de las viviendas que a menudo necesitan el inmueble por la fecha pactada en el contrato y se encuentran sin su nueva vivienda".

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Por todo ello, desde el sector "se considera de vital importancia que se cuide los derechos de la propiedad y que se vele por garantizar el derecho al libre ejercicio de una actividad económica, como derecho fundamental".

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