Medio Ambiente

La nueva ordenanza del Anillo Verde de Terrassa prevé multas de hasta 3.000 euros en caso de infracciones

También se contempla la posibilidad de sustituir las sanciones por "horas de compromiso social" relacionadas con el medio ambiente

Paisaje de Can Bonvilar que forma parte del Anillo Verde de Terrassa

Paisaje de Can Bonvilar que forma parte del Anillo Verde de Terrassa / Terrrassa

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El Periódico

La Comisión Informativa de Territorio y Sostenibilidad de Terrassa (Vallès Occidental), celebrada ayer, acordó elevar al pleno ordinario de junio la aprobación inicial de la Ordenanza de uso público de la Anilla Verde, que es todo el espacio no urbano de la cocapital vallesana, aproximadamente de unas 4.400 hectáreas.

Esta nueva normativa municipal prevé unas sanciones que oscilan entre los 750 euros y los 3.000 euros en caso de incumpliento de dicha legislación. Sin embargo, una de las particularidades del texto es que se contempla la posibilidad de realizar "horas de compromiso social sustitutorio" para hacer determinadas actividades relacionadas con el medio ambiente, los deportes o la limpieza de la via pública, entre otros. Cabe matizar que es de carácter voluntario, gratuito y solo es permutable en la categoría de infracciones graves y leves, quedando así excluidas de esta alternativa las sanciones muy graves.

El contenido de la ordenanza

El objetivo de esta nueva normativa municipal es establecer las garantías necesarias para conservar el patrimonio natural y cultural de este espacio natural en relación con el uso público y el ejercicio de las actividades relacionadas con el deporte, la educación y el ocio.

La nueva ordenanza consta de 21 artículos y vela por la protección del patrimonio natural y rural; regula las condiciones del uso de caminos públicos y la movilidad dentro de este entorno natural; y establece mecanismos de control y vigilancia para evitar comportamientos incívicos.

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La normativa ha tenido en consideración, también, el contenido de las 21 propuestas ciudadanas presentadas durante el proceso de consulta pública, celebrado hace un año, y que planteaban proteger el patrimonio natural, las actividades ganaderas, agrícolas y forestales; proteger el patrimonio natural y mejorar los accesos y la señalización.

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