COMPARECENCIA EN EL PARLAMENT
Gordillo admite que el tuit de Catalunya Ràdio era "mejorable"
La polémica por el tuit del programa 'Catalunya vespre’, escrito el pasado 3 de octubre, sobre la respuesta ciudadana al juicio a Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau por el 9-N ha llegado este viernes al Parlament. Durante la comisión de control a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), los diputados de Ciudadanos y el PP han exigido al director de Catalunya Ràdio, Saül Gordillo, una disculpa formal. Gordillo ha admitido que el tuit no fue el "mejor formulado" de la historia del programa -ahora conducido por Kílian Sebrià y Sílvia Cóppulo-, que era “mejorable” y que se trata de uno de los riesgos de tuitear en directo.
El director ha explicado que el tuit se realizó a partir de la opinión de un tertuliano, Xavier Vendrell, durante la emisión del informativo y que, fuera de contexto, se podría malinterpretar como si la emisora compartiera el posicionamiento (impedir por la fuerza el juicio a los tres representantes políticos imputados por el 9-N). Además ha reprochado los comentarios "injustos" vertidos hacia la emisora. En ese sentido, también ha remarcado que la emisora hizo un tuit de aclaración ante el "alboroto por la descontextualización" y que, al día siguiente, el informativo realizó un editorial en el que remarcaba que Catalunya Ràdio no asumía como propia la opinión del tertuliano.
Tanto el diputado de C's, Fernando de Páramo, como el del PP, Santi Rodríguez, han criticado el apunte, y David Pérez (PSC) ha afirmado tener la sensación de que el proceso soberanista "está haciendo perder el 'oremus' a todo el mundo".
RECLAMACIONES DE IVA
Por otro lado, la presidenta en funciones del Consejo de Gobierno de la CCMA, Núria Llorach, ha alertado sobre la posibilidad de que Hacienda reclame a TV-3, a partir del 2016, el IVA correspondiente a la aportación pública que la cadena recibe de la Generalitat. Este nuevo criterio que, según la Corporació, ya se comienza a aplicar a las teles de Castilla-La Mancha y Extremadura, implicaría un desembolso de 50 millones de euros, es decir el 21% de los 240 millones de subvención pública prevista para el próximo año.
"Nos llegan informaciones preocupantes”, ha insinuado Llorach, sobre esa posibilidad. De ser así, ese gasto se sumaría a la reclamación -pendiente de resolución judicial- de 79 millones de euros correspondientes al IVA por actividades de los años 2012, 2013 y 2014.
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