Investigación
Daniel Sancho se enfrenta a la pena de muerte: la Fiscalía de Tailandia le acusa de asesinato premeditado
Mantiene los mismos cargos establecidos previamente por la Policía
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La Fiscalía de Samui (sur de Tailandia) entregó este miércoles al tribunal un informe en el que acusa al español Daniel Sancho de asesinato premeditado y ocultación del cuerpo del colombiano Edwin Arrieta, los mismos cargos considerados por la Policía en su investigación del caso.
El informe fue entregado este miércoles al tribunal de Samui, según confirmaron a EFE fuentes de la Fiscalía, que tenía de plazo hasta el 29 de octubre para concluirlo. El tribunal de Samui aseguró a EFE que la Fiscalía mantiene los mismos cargos contra Sancho de asesinato premeditado y ocultación del cuerpo establecidos previamente por la Policía. Los cargos serán leídos a Sancho por la Fiscalía en una vista en el tribunal de la isla de Samui el jueves, en la que el español estará presente. En el caso de que Sancho no haya contratado un abogado particular, el juez le asignará mañana uno de oficio, según dijeron a EFE desde el tribunal.
El español, de 29 años, en principio no tiene abogado en Tailandia -donde solo puede ser defendido por un letrado tailandés- desde el 7 de septiembre, después de que el actor español Rodolfo Sancho, padre del acusado, prescindiera de los servicios del abogado tailandés Anan Chuayprabat por "discrepancias en la defensa".
Sancho se encuentra en prisión provisional en la cárcel de Samui desde el 7 de agosto, después de que dos días antes fuera detenido en la vecina isla de Phangan, tras confesar el asesinato y descuartizamiento del cirujano colombiano, cuyos restos fueron esparcidos por la isla y el mar. El Código Penal de Tailandia prevé la pena de muerte para delitos como el asesinato con premeditación, pero, de dictarse, ésta suele ser después conmutada por la cadena perpetua.
Por otra parte, la confesión y cooperación del acusado puede ayudar a reducir significativamente la pena, como el propio juez recordó a Sancho el 7 de agosto, cuando pasó a disposición judicial.
La Policía entregó el 3 de octubre su informe a la Fiscalía, tras dos meses de investigación del supuesto crimen, que tuvo lugar el 2 de agosto en Phangan.
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