Escuela Jesús, Maria i Josep de la congregación Pare Manyanet

Un colegio castiga a un informático por denunciar el hallazgo de material pedófilo a los Mossos

  • Obligado a teletrabajar, expedientado y bajo amenaza de una querella, el técnico está de baja por ansiedad

  • La dirección le acusa de perjudicar al centro al acudir a la policía en lugar de comunicarlo a los responsables

El informático posa de espaldas porque prefiere mantener oculta su identidad.

El informático posa de espaldas porque prefiere mantener oculta su identidad. / Robert Ramos

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El informático de un colegio de Barcelona que contactó recientemente con los Mossos d'Esquadra al descubrir 39 gigas de material pedófilo en el disco duro del ordenador personal de un sacerdote ha acabado pagando un alto precio por su acción. El caso se investiga judicialmente y el cura sospechoso –un religioso de 63 años que vivía dentro del recinto del colegio Jesús, Maria i Josep del distrito de Sant Andreu y que era el rector de la parroquia– se encuentra apartado. Pero la peor parte se la ha llevado el informático: la dirección lo acusa de violar la cláusula de confidencialidad, le ha abierto un duro expediente informativo y le ha ordenado teletrabajar. A continuación, según las fuentes consultadas por EL PERIÓDICO, la cronología de unos hechos que muestran la presión que ha soportado un informático que se limitó a denunciar un delito grave y a seguir las instrucciones de la policía.

Lunes 15 de marzo. El sacerdote J.C. solicita al informático del colegio que repare su ordenador personal. El técnico, que acaba de incorporarse a su jornada laboral, lo recoge y lo lleva a su despacho. Lo examina y abre el buscador interno. Por error, al teclear, da con archivos de fotografía y vídeo almacenados en el disco duro. Las miniaturas no ofrecen ninguna duda: son imágenes de pornografía infantil. Hay 39 gigas de archivos gráficos. El informático, que no sabe cómo actuar, contacta a través de Twitter a las 9.30 horas con los Mossos, que activan a la Unitat d’Investigació de Sant Andreu y le ordenan que no diga nada. A nadie.

Martes 16 de marzo. Dos investigadores, a petición del informático vestidos de paisano para no armar un revuelo, acceden al recinto escolar y consultan el material hallado por el informático. Es inequívocamente un caso de pornografía infantil. Precintan el ordenador y se lo llevan. Antes de marcharse, reiteran la orden al informático de no abrir la boca. El informático obedece.

Miércoles 17 de marzo. Agentes uniformados de los Mossos regresan al colegio y detienen a J.C., el sacerdote propietario del ordenador, imputado por un delito de posesión de pornografía infantil. El cura está en contacto con menores en la parroquia y, aunque circula por el colegio, ya no da clases. Antiguamente, las había dado de Religión, también en otro centro de la misma congregación, el Pare Manyanet Les Corts. Los policías requisan su teléfono móvil y se lo llevan arrestado. Comunican a la dirección del centro por qué lo detienen y cómo lo han averiguado. Cuando los policías se marchan, el director afea al informático el haber mantenido la boca cerrada hasta ese instante.

Sábado 27 de marzo. La agencia EFE informa del arresto del cura J.C.. La noticia tiene un importante eco en el resto de medios de comunicación.

Lunes 5 de abril. El director del colegio envía un comunicado a los padres de los alumnos: “Preventivamente y de manera inmediata, el rector ha sido cesado de cualquier actividad relacionada con el alumnado (...). El religioso ya no reside en la comunidad de Sant Andreu”. Anteriormente, la congregación había emitido otros dos comunicados en los que se negaba que el sacerdote hubiera sido "detenido" –lo fue– y calificaba los archivos localizados en su ordenador de material de "índole sexual" –omitiendo que se trataba de pornografía infantil–.

 

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Martes 6 de abril. Las clases se retoman después de la Semana Santa. El informático se reincorpora a su lugar de trabajo y el director lo llama a su despacho. En esta conversación, según el informático, el director le recrimina haber dañado “gravemente” a la escuela, le culpa de que la noticia haya provocado un descenso de las prescripciones escolares y de que ello conllevará que algunos profesores pierdan su trabajo. También le acusa de haber incumplido la cláusula de confidencialidad al haber contactado con la policía. Finaliza la reunión subrayándole que el abogado de la congregación le ha abierto un expediente informativo. El expediente califica los hechos protagonizados por el informático como “un atentado contra los derechos a la intimidad, privacidad y propia imagen del padre J.C. de manera injusta e injustificada” y añade que la actuación del técnico podría ser constitutiva del "delito de revelación de secretos tipificada en los artículos 197 y 199 del Código Penal”. El abogado, en el escrito, deja en manos de la dirección del centro las medidas cautelares que deben aplicarse al informático para impedir que “perjudique a los miembros de la comunidad educativa o vuelva a cometer hechos que podrían ser constitutivos de infracción”. Por último, el informe anuncia que se valorará incluso si procede interponer una querella contra el trabajador. El director lo despide remarcando que, sin regresar a su despacho, debe marcharse a casa porque a partir de ese momento trabajará a distancia. A los pocos días, el informático, víctima de un ataque de ansiedad, coge la baja médica.

El director del colegio ha rechazado en dos ocasiones responder a este diario. El abogado de la congregación admite que el equipo docente ha perdido la confianza en el informático, remarca que el expediente no es todavía "sancionador" y explica que el hallazgo de pornografía infantil ha sido notificado al Arzobispado y al Vaticano. El informático, que exige anonimato para esta noticia, está convencido de que actuó correctamente pero asegura que ha supuesto un golpe "muy duro" recibir este trato por parte de la escuela en la que ha trabajado durante los últimos tres años.