VOTACIÓN SIN DEBATE Y POR UNANIMIDAD

El Tribunal de Cuentas fiscalizará por primera vez a la Iglesia católica en el 2018

El organismo irá más allá de la fiscalizacion del 0,7% del IRPF y auditará cualquier partida

El presidente de la Conferencia Episcopal Española, Ricardo Blázquez.

El presidente de la Conferencia Episcopal Española, Ricardo Blázquez. / JUAN MANUEL PRATS

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El Tribunal de Cuentas ha aprobado a iniciativa propia en el pleno de este jueves incluir por primera vez en plan de fiscalizaciones para 2018 la financiación que recibe la Iglesia católica española y las demás confesiones religiosas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado (judíos, evangélicos y musulmanes).

La votación, ha adelantado la cadena SER, se ha producido sin debate y por unanimidad, a diferencia del pasado febrero, cuando esta iniciativa propuesta por el PSOE y Unidos Podemos fue tumbada. Entonces, el PP se posicionó en contra junto con UPN, su socio navarro, y la ausencia de los parlamentarios de PDECat forzó un empate, lo que ha provocado su rechazo. Al prosperar esta petición, el organismo fiscalizador se verá en la obligación de estudiar por primera vez en democracia los números de la Conferencia Episcopal.

Con esta propuesta el tribunal va más allá de la que se debatió en el Congreso, que consistía en que los fondos que recibe la Iglesia Católica del Estado a través de la casilla del 0,7% de la cuota íntegra del Impuesto sobre la Renta pudieran ser fiscalizados por el tribunal. Este jueves, los consejeros lo han extendido y la auditoría abarcará cualquier ingreso y gasto en las cuentas de la Iglesia y el resto de confesiones religiosas.

Cada año, la institución que preside Ramón Álvarez de Miranda aprueba su programa de actividades para el próximo ejercicio en el que, además de los informes que está obligado a hacer por ley y los que le piden las Cortes Generales, incluye una serie de fiscalizaciones a su libre elección.

Al igual que en años anteriores examinó las cuentas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Fondo de Reestructuración Bancaria (FROB) del Banco de España, esta vez ha decidido auditar la financiación pública que reciben las distintas confesiones religiosas.