"Juicio climático del siglo": el tribunal de La Haya dicta por primera vez que los países están "legalmente obligados" a frenar la crisis climática

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya acaba de pronunciarse en el llamado "juicio climático del siglo". Por primera vez en la historia, el más alto tribunal de Naciones Unidas ha afirmado que los estados están "legalmente obligados" a cooperar para frenar la crisis climática. No se trata de pedir que hagan más esfuerzos ni de que formulen nuevas promesas climáticas. Este órgano de la justicia internacional dictamina por unanimidad que, dada la situación, los países están obligados por ley a reducir emisiones, frenar el aumento global de las temperaturas y, en general, proteger a la ciudadanía ante el aumento de los desastres climáticos. El fallo –que no es vinculante pero está llamado a servir de base para litigios climáticos nacionales y aumentar la presión política sobre los grandes emisores– define el cambio climático como un "riesgo existencial y urgente" para nuestra especie y, por lo tanto, urge a actuar para prevenir su avance y mitigar sus daños.

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El tribunal se ha mostrado muy contundente en su sentencia. Mantiene, por ejemplo, que los planes de reducción de emisiones de los países no solo deben basarse en compromisos voluntarios, sino en lo que califica como "la mejor ciencia disponible hasta el momento". También afirma que los estados tienen el deber de redoblar esfuerzos para proteger a sus ciudadanos ante los desastres climáticos, así como para hacer frente a las "pérdidas y daños" derivados de estos fenómenos. "Los estados deben cooperar para lograr reducciones significativas de sus emisiones y para limitar el aumento global de las temperaturas. La cooperación para esta causa es, a partir de ahora, un deber legal", afirma el jurista Wasawa Yujiel, presidente de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), quien recuerda que la base legal para defender esta causa no es otra que "el derecho a la vida" de las generaciones presentes y futuras.

"Los estados deben cooperar para lograr reducciones significativas de sus emisiones y para limitar el aumento global de las temperaturas. La cooperación para esta causa es, a partir de ahora, un deber legal"

El fallo afirma que "la falta de acción apropiada por parte de un estado" para "proteger el sistema climático", como por ejemplo fomentar la producción y el consumo de combustibles fósiles, puede constituir "un acto internacionalmente ilícito". Y si esto acaba derivando en un aumento de desastres naturales, se establece que los gobiernos están obligados a hacerse cargo de las reparaciones materiales o, en los casos más graves, a indemnizar a las víctimas de estos sucesos. En este sentido, también se ha establecido que los estados acusados de fomentar el caos climático deben poder garantizar a sus ciudadanos que están trabajando activamente para que estos escenarios no se repitan con la misma severidad.

El fallo deja caer entre líneas que Estados Unidos también está obligado a reducir sus emisiones aunque se retire de los Acuerdos de París, ya que prevalece la normativa internacional

La sentencia también ha abordado, entre líneas, dos temas especialmente espinosos. Por un lado, el tribunal ha aludido a Estados Unidos y ha recordado que, aunque Trump haya decidido retirar al país del Acuerdo de París y de todos los tratados internacionales en materia ambiental, sigue estando sujeto a la normativa internacional y, por lo tanto, también debe respetar la "obligación legal" de reducir sus emisiones igual que todos los demás países. Por otro lado, los juristas de Naciones Unidas han afirmado que los estados también deben intervenir en la actividad de empresas privadas y de "grandes emisores" para regular su actividad y reducir su impacto ambiental. Todo ello, afirman desde la Haya, debe servir para "garantizar el derecho de las generaciones presentes y futuras a disfrutar de un medio ambiente sano y a un futuro habitable".

"Nueva era de la acción climática"

La causa, impulsada por un grupo de 27 estudiantes del Pacífico y defendida por el gobierno de Vanuatu, sienta un precedente histórico en la lucha climática. Los expertos afirman que es, de hecho, el más importante planteado hasta ahora. Se trata de la primera vez que el tribunal de Naciones Unidas habla de justicia climática desde una perspectiva de derechos humanos, equidad global y justicia intergeneracional. También es la primera vez que una causa liderada por jóvenes activistas climáticos llega con éxito al más alto tribunal del planeta.

Según explican los juristas, aunque este veredicto no es legalmente vinculante, el texto guiará el diseño de políticas estatales de reducción de emisiones e influirá en decisiones a escala internacional como, por ejemplo, los acuerdos de las cumbres del clima. "Hemos entrado en una nueva era de rendición de cuentas climática", afirma Elisa Morgera, Relatora Especial de la ONU sobre Cambio Climático y Derechos Humanos, quien afirma que es la primera vez que un órgano de esta magnitud denuncia de forma tan explícita y contundente "las actividades que dañan el clima, violan el derecho internacional y ponen en riesgo los derechos de las personas".

Del lo moral a lo legal

Durante años, la acción climática internacional ha estado guiada por acuerdos voluntarios entre estados como, por ejemplo, el Acuerdo de París. Pero la lentitud en el despliegue de las medidas derivadas de estos pactos, la fragmentación de los países en su ejecución y el incumplimiento sistemático de los compromisos de reducción de emisiones, entre otros, no solo ha aupado el avance de la crisis climática sino que, además, ha generado un profundo malestar entre las comunidades más afectadas por los extremos climáticos, que denuncian que esta "inacción sistemática" no solo está drenando su presente sino que está sentenciando su futuro. "Este proceso busca transformar la lucha climática de un simple 'llamamiento moral' o conjunto de promesas a una obligación legal clara", explican los juristas detrás de esta causa, respaldada por un centenar de entidades del sur global y grupos de activistas, que tachan la resolución de este miércoles como una "victoria histórica".

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Aunque el veredicto de este miércoles no es legalmente vinculantes, dado que se ha presentado bajo la forma de una Opinión Consultiva, está llamado a tener un profundo impacto en la lucha climática. Este tipo de dictámenes funcionan como referencia legal de alto nivel para gobiernos, parlamentos y tribunales de todo el mundo. Y, tal como ha ocurrido en otras ocasiones, este tipo de veredictos influye en decisiones clave sobre derecho internacional. En este caso, los juristas afirman que esta sentencia podría fortalecer litigios climáticos en curso, impulsar reformas legislativas y elevar el listón de lo que se considera acción climática a escala tanto nacional como global. También puede servir como una herramienta jurídica en negociaciones multilaterales, desde las próximas cumbres del clima hasta los debates emergentes sobre justicia de la deuda ecológica o tratados de no proliferación de combustibles fósiles. "Este fallo confirma lo evidente, y es que los líderes tienen el deber de proteger el planeta y salvaguardar el futuro de todos", destaca Sarah Mead, codirectora de la plataforma Climate Litigation Network.

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