Multas a puteros y a dueños de prostíbulos: las claves de la ley abolicionista que se debate hoy en el Congreso

 Cárcel para el proxenetas

El Código Penal actual exige que para castigar a un proxeneta se haya ‘explotado’ a la persona prostituida. “Esa definición del tipo recogido en el artículo 187 ha llevado a una total inaplicación de este precepto y, en la práctica, a la impunidad total del proxenetismo”, sostiene la exposición de motivos. En 2021, por ejemplo, solo hubo una sentencia condenatoria a un proxeneta. Para tratar de acabar con esta situación, la propuesta del PSOE amplía el artículo 187 con el fin de castigar todo tipo de proxenetismo y no solo cuando hay explotación.

Así, si se obliga a alguien a prostituirse, se propone una pena de prisión de tres a seis años pero si solo se “favorece, promueve o facilita la prostitución, con ánimo de lucro”, se proponen también penas de dos a cuatro años, aunque se cuente con el consentimiento de la persona que se presta a realizar el acto sexual.

Los socialistas consideran que al indicarse “con ánimo de lucro” se protege a los familiares de la persona que se prostituye y que pueden beneficiarse del dinero que ella obtiene.  

Tercería locativa

El PSOE recupera también un concepto llamado ‘tercería locativa’, que ya trató de introducir en forma de enmienda en la ‘ley sí es sí’ , pero decayó por falta de consenso. Ahora propone una modalidad agravada del delito de proxenetismo para penalizar a quien, “con ánimo de lucro y de manera habitual, destine un inmueble, local o establecimiento, abierto al público o no, a favorecer o facilitar la prostitución de otra persona, aún con su consentimiento”, con una pena de dos a cuatro años de prisión. Este delito puede solaparse con el anterior, es decir, que el proxeneta, además, facilite el local, o no.  

 Multas para los clientes

El tercer aspecto importante de la ley promovida por el PSOE es que propone castigar con multa de 12 a 24 meses a los clientes, sanción que se elevará a pena de cárcel de 1 a 3 años si la persona que ejerce la prostitución es menor o vulnerable. “Las personas que recurren a las mujeres en situación de prostitución participan directamente del entramado que sostiene esta grave vulneración de los derechos humanos”, alega la exposición de motivos de la propuesta legal.

 Reconocimiento como víctimas

La ley aclara que “en ningún caso será sancionada la persona que esté en situación de prostitución” y las reconoce como víctimas de un delito, por lo que se les hacen extensivos los derechos y prestaciones previstas en el Estatuto de la Víctima. Se calcula, según datos del Ministerio del Interior, que hay unas 45.000 mujeres explotadas sexualmente en España.