Tribunales

Reabierto el caso de la muerte de un hombre en Badalona tras la descarga de una pistola táser de los Mossos

Un juzgado de Badalona investiga la muerte de un joven al día siguiente de que los Mossos lo redujeran con una pistola táser

Pistola táser que utilizan los Mossos d'Esquadra

Pistola táser que utilizan los Mossos d'Esquadra / Ferran Nadeu

J. G. Albalat

J. G. Albalat

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La Sección 8 de la Audiencia de Barcelona ha reabierto la investigación por el fallecimiento de Antonio, vecino de Badalona fallecido a causa de un paro cardiorrespiratorio tras recibir seis descargas con un Dispositivo Conductor de Energia (DCE), conocido como pistola táser, por parte de un agente de los Mossos d'Esquadra que intentaba contoner su estado de agitación, en noviembre de 2021. El proceso judicial fue archivado en su día por el Juzgado de Instrucción número 2 de Badalona y ha sido reabierto a raíz de un recurso presentado por el centro Irídia de defensa de los derechos humanos. Esta causa figura en su informe sobre Violencia Institucional del 2023 que ha sido presentado este martes por esta entidad en el Col.legi de Periodistes de Catalunya y en el que se incluyen, además, asuntos judiciales contra 10 funcionarios de prisiones.

La resolución de la Audiencia de Barcelona, de diciembre de 2023, sostiene que se deben aclarar los hechos que produjeron la muerte de Antonio, que tenía 38 años, y que la instrucción "no ha sido completada", ya que quedan pruebas que practicar. Mireia Salazar Gabarró, abogada del caso, considera que este suceso "es una muestra más de cómo, hasta incluso en una actuación policial con resultado de muerte, existe una falta de control por parte de los superiores jerárquicos y una investigación interna deficiente". Annoris, hermana de Antonio, ha compartido la "impotencia" que sintieron. "Tuvimos que movernos nosotros para buscar justicia y el sistema no quiso. Tanto tiempo sin respuesta, ni justicia, nos ha hecho mucho daño", ha asegurado. "Aparte de la tristeza y la rabia, nos ha afectado a todos en nuestro día a día", ha lamentado, y ha reclamado "que cojan a los culpables, que reconozcan lo ocurrido y que se haga justicia".

El caso se remonta al 26 de noviembre de 2021. La madre de Antonio llamó al 112 porque este se encontraba en un grave estado de agitación en su domicilio en Badalona y no la dejaba salir de la casa tanto a ella como a su pareja, mostrando una actitud "hostil". El hombre tenía en su poder dos cuchillos de grandes dimensiones. De inmediato se activaron el Servicio de Emergencias Médicas (SEM) y los Mossos de Esquadra, que enviaron a la vivienda a 10 agentes. Cuando la policía entró en la casa, Antonio se encerró en una habitación. Al final, los mossos pudieron entrar en ella y el hombre se atrincheró tras unos muebles.

Descargas en el suelo

Pese a ser advertido de que si no cesaba su actitud utilizarían las pistolas táser, según la resolución de la Audiencia, Antonio empezó a acercarse a ellos con los dos cuchillos. Fue entonces cuando los agentes le aplicaron las descargas eléctricas, aunque dos de ellas las efectuaron cuando el hombre ya estaba en el suelo, con varios agentes conteniéndole y sin que ofreciera resistencia. Fue entonces cuando Antonio entró en parada cardiorrespiratoria. Fue trasladado al hospital y al día siguiente falleció. 

Natàlia Abrego Cantalejo, psicóloga del Área Psicosocial de Irídia, ha remarcado que es necesario hablar de los impactos psicológicos que conllevan la falta de mecanismos supervisión y las dificultades en los procesos judiciales. "Generan sufrimiento y afectan gravemente en la elaboración del duelo, dificultando que la justicia sea una herramienta de reparación. En su lugar, la judicialización revictimiza y genera indefensión, y puede afectar a la autoestima y provocar la ruptura de creencias básicas".

Anaïs Franquesa, directora de Irídia, ha enumerado una serie de recomendaciones dirigidas tanto a instituciones como a las diferentes administraciones, la principal de las cuales es la creación de un mecanismo independiente de supervisión de la policía. “Si queremos evitar casos como estos, hace falta más transparencia y más supervisión”, ha asegurado. Además, ha destacado que, si Catalunya quiere ser líder en la protección y garantía de los derechos humanos, es necesario el mecanismo independiente que los órganos internacionales llevan años exigiendo. “Hay que aprovechar la oportunidad que implica una nueva legislatura”.

156 funcionarios encausados

A lo largo de 2023, tal como ha expuesto en rueda de prensa Sònia Olivella Saludes, abogada de Irídia y coordinadora de Litigio, la organización ha actuado como acusación en 56 litigios: 49 siguen abiertos y 7 han finalizado. Por estos litigios, hay un total de 156 agentes o funcionarios encausados en un procedimiento penal.

Concretamente, existen 82 investigados, de los que 34 pertenecen al cuerpo de Mossos d'Esquadra. Del resto, 12 son agentes de la Policía Nacional; 19, policías locales; 10, funcionarios de prisión, y 7, vigilantes de seguridad privada. Asimismo, 74 agentes se encuentran ya acusados y pendientes de juicio o en fase de presentar escritos de acusación en su contra.