El Defensor del Pueblo lleva al Constitucional la reforma de la 'ley trans' madrileña por "patologizar a menores"

El Defensor del Pueblo ha recurrido ante el Tribunal Constitucional un inciso introducido en la modificación de la 'Ley Trans' de la Comunidad de Madrid, aprobada en diciembre a iniciativa del PP el pasado mes de diciembre, al considerar que "patologiza a los menores y vulnera sus derechos a la intimidad y al libre desarrollo de la personalidad".

En una nota, el Alto Comisionado de las Cortes Generales explica que el pasado de febrero se registraron en la institución dos solicitudes. Tras valorarlas, Ángel Gabilondo entiende que "concurren requisitos objetivos de inconstitucionalidad en relación con las obligaciones que la norma impone a los menores transexuales".

El artículo 14 de la ley de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación, denominado 'Atención sanitaria a menores', regula el derecho de los menores al tratamiento hormonal cruzado en el momento adecuado de la pubertad para obtener los caracteres sexuales deseados. Un tratamiento que, según establece este artículo, se realizará previo examen del pediatra y bajo la autorización de quienes posean la tutela de la persona menor de edad o por autorización del juez que los sustituya, siempre velando por la seguridad del menor.

A juicio del Defensor del Pueblo, esta previsión "ya resulta suficiente para preservar el interés superior del menor" al tiempo que le protege. En su opinión, supone "un equilibrio necesario para asegurar la participación decisiva del menor en la toma de decisiones respecto a su desarrollo personal y a su intimidad, al mismo tiempo que se le brindan las herramientas de apoyo y acompañamiento propias de su edad y madurez".

Requisitos "desproporcionados"

Sin embargo, no opina lo mismo del inciso de la ley que establece la obligatoriedad de que todos y todas las menores que deseen someterse a tratamiento farmacológico tengan que "recibir apoyo de los profesionales de salud mental infanto-juvenil, y mantenerlo durante todo el proceso".

Asimismo, la misma norma recurrida señala que, en el caso de que existiera comorbilidad -presencia de dos o más enfermedades al mismo tiempo en una persona- será imprescindible un informe favorable del profesional que esté tratando al menor en dichas patologías". A juicio del Defensor del Pueblo, ambos requisitos resultan "patologizantes y desproporcionados con respecto al bien que se quiere proteger".

"Presumir que es bueno para todos los menores recibir el apoyo de profesionales de la salud-mental, así como exigir un informe favorable del médico que trate al menor en caso de padecer alguna enfermedad, lejos de protegerles les estigmatiza, y restringe el ejercicio del derecho a preservar su intimidad, su espacio de seguridad y libertad frente a terceros, y a desarrollarse de la manera deseada". Una restricción que, en opinión del Defensor del Pueblo, va más allá del margen de configuración que la Constitución le reconoce al legislador.

Más Madrid lo celebra

Una de las principales medidas de la ley trans aprobada por el Congreso de los Diputados en 2023 era precisamente la despatologización de la transexualidad al dejar de exigir a las personas trans que acreditasen un diagnóstico médico o psicológico para cambiar su sexo en el Registro Civil.

Por eso, el pasado 19 de marzo, el Gobierno de Pedro Sánchez activó un mecanismo jurídico previo al recurso de inconstitucionalidad para que el ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso diera marcha atrás a la modificación de las leyes trans y contra la LGTBIfobia. Con él, daban seis meses para llegar a un acuerdo o también llegarían al Constitucional.