Reformar el Reglamento de Extranjería, una oportunidad para que los migrantes logren 'papeles' antes

Reducir los plazos de irregularidad administrativa, permitir que las personas en esa situación interpongan denuncias sin miedo a las represalias o reducir las barreras para la reagrupación familiar son algunas de las propuestas que hacen organizaciones para mejorar el Reglamento de Extranjería. Ven en la reforma, anunciada el pasado mes de diciembre en el marco de la Conferencia Sectorial de Migraciones, una oportunidad perfecta para proponer mejoras sobre los problemas que atienden día a día en miles de personas que viven en España sufren día a día.

Una alianza de seis organizaciones formada por Andalucía Acoge, Cáritas, CEAR, CONVIVE Fundación Cepaim, Red Acoge y Servicio Jesuita a Migrantes, cuya misión es, entre otras, la defensa de los derechos de las personas migrantes y refugiadas, han presentado 57 páginas a las que ha tenido acceso El Periódico de España, del mismo grupo editorial. En ellas hay una serie de propuestas de mejora en la consulta pública previa a una modificación del Reglamento de Extranjería, que se prevé para el primer semestre de este año.

Consideran que, si bien la anterior reforma del Reglamento en 2022 tuvo "aspectos muy positivos", pudo haber sido "más ambiciosa". Dos años después, la evaluación de su aplicación les ha permitido detectar cuestiones sin resolver y lagunas jurídicas que se traducen en impedimentos para la regularización administrativa de muchas personas que, aun contando con los requisitos establecidos, el sistema deja en la irregularidad. Así que ven necesario aprovechar esta oportunidad.

Reducción de tiempos

Diego Fernández Maldonado, del equipo de Incidencia Política de Cáritas Española, resalta lo importante que sería limitar los periodos de irregularidad administrativa en todos los arraigos. Así, en el documento piden, por ejemplo, que los extranjeros que acrediten la permanencia continuada en España durante un periodo mínimo de dieciocho meses por arraigo laboral y social puedan obtener una autorización siempre que concurran ciertos requisitos. Ahora se piden dos años.

También hacen propuestas de mejora para el arraigo para la formación, una novedad que se introdujo con la última reforma de 2022 pero que, desde su punto de vista, no ha funcionado ni desde el punto de vista de Extranjería, ni del empleo. "Implica muchas burocracia y no se ajusta a la vida de las personas", indica Fernández Maldonado. "Durante el tiempo de arraigo para la formación tiene que permitirse la posibilidad de trabajar, ya que no se puede esperar que todas las personas que se acojan a esta figura tengan medios propios o una red que les ayude para subsistir, formen parte de programas que cubren sus necesidades básicas o tengan un trabajo informal. Por ello, proponemos un régimen análogo a la estancia por estudios: una autorización para trabajar compatible con la formación y con umbrales", escriben.

Reagrupación familiar

También buscan que el Gobierno se comprometa e eliminar barreras que dificultan los procesos de reagrupación familiar y que mejoren el acceso de las autorizaciones de residencia y trabajo para las víctimas de violencia de género, entre otros.

Asimismo, recogen propuestas para garantizar el acceso a la justicia y a la denuncia segura para las personas en situación administrativa irregular que son víctimas de delito. Actualmente, recogen, se encuentran en una situación de desprotección al enfrentarse a procesos de sanción y expulsión cuando intentan denunciar.

Acabar con eso, en su opinión, "es fundamental". "Consideramos que hay una infradenuncia en las migrantes en situación irregular tremenda. Aunque en muchas circunstancias tienden a ser víctimas de delito con mayor facilidad, no suelen denunciar porque muchos que consideran que solo puede ser para peor. Lo que les puede ocurrir es que vayan a una comisaría de policía y salgan con un procedimiento sancionador por estar en situación irregular", indica Fernández Maldonado. Por eso, creen que la condición de víctima debe prevalecer sobre su estado de residencia "de manera que puedan evitarse situaciones de gran desprotección, expulsión, infradenuncia e impunidad del denunciado/infractor".

Otros puntos que proponen mejorar se refieren a la consolidación de los avances en el acceso a las autorizaciones de residencia y trabajo de las y los menores no acompañados cuando alcanzan la mayoría de edad o en la incorporación de medidas efectivas de seguridad jurídica en los casos de devoluciones en frontera. En definitiva, indican, apuestan "por una reforma legislativa profunda, que no se limite a simplificar los procedimientos administrativos, sino que amplíe el marco de protección y reconocimiento de derechos de las personas migrantes".