Drets Socials cierra una nueva ley de servicios sociales para el próximo Govern

La conselleria de Drets Socials ha presentado este martes un proyecto de ley de los Servicios Sociales en Catalunya, aunque no podrán llevarlo al Parlament por la convocatoria electoral del próximo 12 de mayo. El texto fija "un horizonte" de equiparación salarial para los profesionales del sector y dá preferencia al tercer sector a la hora de externalizar servicios.

Hace meses que la conselleria de Drets Socials, ente competente e exclusiva de la atención social en Catalunya, estudiaba una fórmula para ordenar el entramado de los servicios sociales, muchos de ellos servicios desactualizados y con rátios o salarios por debajo de lo que debería. Es por ello que, desde la llegada del conseller Campuzano, el Govern ha estado trabajando en una ley catalana de Servicios Sociales, que no verá la luz ni podrá llegar hasta al Parlament (almenos a corto plazo) por la convocatoria electoral.

Este proyecto de ley regulaba todos los servicios sociales con tango de ley, que ahora se encuentran en la Cartera de Servicios Sociales, que no ha sido actualizada desde el tripartit. Esta ley no tan solo regula el precio de estos servicios o las ratios, sino la calidad y evaluación de estos servicios.

Uno de los grandes problemas de los servicios sociales en Catalunya, que van desde los centros de menores hasta los servicios a la dependencia, es el precio de este servicio. Cuanto cuestan, cuanto paga la administración y cuánto cobran sus trabajadores. La práctica mayoría están subcontratados a empresas o entidades sociales, con lo que el coste de las plazas y el sueldo del personal cambia mucho respecto los pocos servicios que mantienen la gestión pública. Una realidad que está provocando una fuga de trabajadores y falta de personal.

Esta ley, según dice el Govern en una nota de prensa, "prevé tener en cuenta la evolución de los salarios del dector público para asegurar una evolución del salario del personal de los servicios sociales que prestan las entidades proveedoras equiparable con la del sector público". También establecía que las entidades de la red de servicios sociales repercutan en su personal los aumentos de las pretacines que haya hecho el govern para estos servicios.

Este anteproyecto de ley también blindaba el papel del tercer sector en los servicios sociales con acordes de máximo 10 años para la gestión de dichos servicios públicos. "Cuando se prevea un déficit de establecimientos e instalaciones para poder atender adecuadamente las necesidades, se puede preveer que el concierto social tenga una duración adecuada al periodo de amortización, sin superar los 40 años", según el comunicado. También añadía subvencioens para construir servicios.

 La ley también creaba la Agencia Pública de Servicios Sciaes, una entidad que debía aplegar la estructura de toda la prestación de servicios sociales a las personas "para otimizar la capacidad de respuesta". También se creaba la figura del Contrato de Impacto Social (CIS) donde un inversor pueda ayudar a financiar un proyecto social público. También se blindaba el uso del catalán para que, en cinco años, todos los trabajadores de servicios sociales externalizados estubieran capacitados para hablar catalán.