La jueza decana de Barcelona reclama más juzgados para luchar contra la multirreincidencia

Los juzgados de Barcelona están al límite. Las reformas legales no están funcionando de forma eficaz para combatir la multireincidencia, como denuncian desde diferentes sectores de la justicia. O, al menos, con la infraestructura judicial con la que se cuenta. La jueza decana de la capital catalana, Cristina Ferrando, ha reclamado para el 2024 y 2025 la creación de cuatro nuevos juzgados de lo penal (juzgan delitos de hasta cinco años de prisión, como robos con violencia, hurtos por un valor superior los 400 euros o alcoholemias) y otros dos dedicados a ejecutar las sentencias, que en 2022 superaban en un 60% los módulos de trabajo establecidos. Estos nuevos órganos judiciales deberían absorber la acumulación de asuntos. Los llamados juicios rápidos que, según la ley deberían celebrarse en 15 días y se tramitan en el juzgado de guardia, se están señalando a meses vista. La estructura existe, pero hay un embudo.

La jueza decana también pretende que el segundo juzgados de guardia (juicios inmediatos) para los delitos leves, como los hurtos de objetos de menor de 400 euros, no se tenga que prorrogar cada año, sino que sea permanente. En estos casos, cuando se detiene o identifica al autor de la sustracción, la policía, con la agenda de los juzgados de instrucción en mano, son quienes citan al sospechoso y a los testigos para acudir al juicio. Al fijarse la vista en ese momento, el índice de suspensiones es muy bajo (un 10%).

Los dos juzgados de guardia de delitos leves de Barcelona celebran en la actualidad cada uno 24 vistas, pero el funcionamiento de uno de ellos tiene la fecha de caducidad marcada: el próximo 30 de junio. El problema es que este tipo de delitos se dispara en verano. Ferrando considera necesario, por lo tanto, que ese segundo órgano judicial no se apruebe de año en año, sino que se consolide, aunque para ello se tiene que modificar un reglamento. Son los 33 jueces de instrucción quienes por turno se encargan de ocuparlos. Estos juicios han de celebrarse en pocos días y, en cambio, en algunos casos, se han señalado rozando el año, con el riesgo que supone ante la posibilidad de que prescriba el delito por el paso del tiempo.

Un problema añadido

Con la multirreincidencia hay un problema añadido. La regulación de los procesos judiciales para estos delincuentes que cometen delitos como el hurto está retrasando el juicio y, por lo tanto, las sentencia. Esta normativa, que entró en vigor en agosto del 2022, impone una pena mayor a los ladrones que hayan sido condenados con anterioridad al menos por tres delitos contra el patrimonio. La dificultad radica en que se estableció para ello que todos los enseres robados en esas actuaciones deben superar los 400 euros y para sumar lo sustraído es obligatorio consultar las sentencias de diferentes juzgados, cuestión que puede tardar días o semanas.

Cuando llega al juzgado un atestado por un delito leve de hurto de menos de 400 euros, el juez tiene que consultar los antecedentes penales (no los policiales) y comprobar si el sospechoso ha sido condenado antes tres veces por un asunto de la misma naturaleza. En el caso de que eso no ocurra, el juicio puede celebrarse y la sentencia sería, en caso de condena, de una multa. Si el supuesto autor del robo tiene tres condenas no extinguidas, la instrucción se complica y se ralentiza, al tramitarse por otro procedimiento (diligencias previas). Y es que el togado debe pedir a los diferentes juzgados las resoluciones s(pueden ser de otras poblaciones y de otros rincones de España) y comprobar si lo robado en los tres hurtos supera o no el valor de 400 euros.