Justicia

Un fiscal protegerá de abusos patrimoniales a ancianos y personas discapacitadas por parte de allegados

Este funcionario público podrá instar al juez, en caso de detectar irregularidades, el bloqueo de cuentas o la designación de una tutela judicial

Barcelona cuenta con una fiscal en exclusiva para la protección de las víctimas de delitos

Una mujer en una residencia.

Una mujer en una residencia. / CARLOS MONTAÑÉS

J. G. Albalat

J. G. Albalat

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Barcelona contará a partir de ahora con un fiscal delegado para reforzar la lucha contra los abusos patrimoniales de las personas discapacitadas y ancianos por parte de familiares, cuidadores o allegados, según ha anunciado este viernes la fiscal jefe de la provincia de Barcelona, Neus Pujal. En el caso de que se detecten traspasos indebidos de dinero o propiedades, será el fiscal Antoni Torres, nombrado para esta tarea, quien se encargará de instar en el juzgado medidas cautelares para proteger a los afectados, como el bloqueo de cuentas o la designación de un defensor judicial que vele por sus derechos. Eso sí, siempre respetando la autonomía de las personas.

La protección de las víctimas de delitos la asumirá de forma coordinada la fiscal Silvia Armeno, que ya ha empezado a ejercer esta labor, y su compañero, Antoni Torres, quien asumirá las diligencias por la vía civil. Una de las prioridades de los fiscales nombrados en exclusiva para proteger a las víctimas y personas vulnerables será hacer frente al aumento de casos de abusos patrimoniales y de violencia, en ocasiones también a nivel institucional, de las personas discapacitadas y la gente mayor. "Es un segmento de población cada vez más importante y estamos detectando más casos de abusos físicos y patrimoniales", ha asegurado Neus Pujal, quien ha puesto en marcha estás dos iniciativas.

"Estaremos vigilantes"

Según la fiscal jefe de Barcelona, se han detectado últimamente casos de ancianos cuya vivienda o cuenta bancaria cambia de nombre en favor de un cuidador o de un familiar de forma presuntamente indebida y aprovechando del estado de vulnerabilidad del afectado. De esta forma, ha subrayado, "poco a poco se despatrimonializa a la víctima y esas personas acaban quedándose solas y sin nada".

"La fiscalía estará vigilante", ha recalcado Neus Pujal. Lo habitual es que las alertas lleguen al estamento judicial por parte de los servicios sociales, aunque las entidades bancarias también tienen un protocolo de actuación si acreditan movimiento irregulares de fondos en la cuenta de un anciano. Será este fiscal delegado quien, en caso de que exista alguna sospecha, abra diligencias y solicite, en el supuesto que sea necesario, la tutela patrimonial o el bloqueo de las cuentas.

Delitos sexuales

Paralelamente, la nueva fiscal de protección de las víctimas en los procesos penales, Silvia Armero, se encargará de incoar las investigaciones que considere necesarias si se aprecian actuaciones delictivas dirigidas a ancianos, personas discapacitadas o vulnerables (como menores de edad). En este sentido, coordinará las pesquisas sobre todo tipo de delitos, especialmente los más violentos y contra la libertad sexual.

Otra prioridad será garantizar el acompañamiento de las víctimas en los juicios o diligencias judiciales que se practiquen, así como facilitar información a los perjudicados durante la tramitación de la causa. Armero también actuará para coordinar las denuncias que se presenten en casos de estafas masivas. Para ello, ya se ha puesto en contacto con la policía para que le comuniquen los fraudes económicos con múltiples afectados. El objetivo: evitar que se tramiten un sinfín de procesos en diferentes juzgados y se "desgaje" la investigación.