Casi 60 detenidos por regularizar la situación de inmigrantes con 24 parejas de hecho ficticias

Pagaban entre 3.000 y 5.000 euros por regularizar su situación en España a una red que utilizó contratos de trabajo fraudulentos y falsas uniones de pareja de hecho para conseguir esta documentación. Así lo hicieron unas 70 personas extranjeras no comunitarias detectadas por los Mossos d'Esquadra y la Policía Nacional en una operación conjunta en Figueres.

Los agentes detuvieron a 58 sospechosos de pertenecer a esta red criminal que presuntamente consiguió unos 350.000 euros de beneficio al falsificar estos contratos laborales o uniones de pareja de las personas inmigrantes. También han identificado a otros 50 sospechosos más de participar en estas actividades ilícitas.

Todos están investigados por los delitos de falsificación documental y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y no se descarta que aparezcan más víctimas. Los contratos fraudulentos eran de corta duración, coincidiendo con los plazos de la administración para resolver las solicitudes de residencia. 

Para realizar estos trámites, los investigados exigían varios pagos a las personas que querían regularizar su situación, que podían variar entre 3.000 y 5.000 euros. Los investigadores no descartan que estas cantidades fueran superiores, atendiendo a la necesidad del ciudadano extranjero, y de sus posibilidades económicas.

Una gestoría en el epicentro

La investigación comenzó después de recibir varias denuncias de clientes de una gestoría de Figueres en las que se explicaba estas prácticas fraudulentas. Los dos cuerpos policiales empezaron a indagar y localizaron 24 procedimientos judiciales, lo que aumentaron el grueso de perjudicados. De esta forma se identificaron 95 contraciones falsas dadas de alta de manera fraudulenta en la Seguridad Social a nombre de los denunciados o sus empresas. Los perjudicados desconocían la existencia de estos documentos ni tampoco reconocían su firma.

El pasado 21 de noviembre se detuvo a las primeras 55 personas implicadas y el 13 de diciembre se arrestó a otros tres y se registró la gestoría y el domicilio del principal sospechoso, en la que se encontró numerosa documentación. 

Según los mossos, la gestoría investigada tenía autorización para activar altas de supuestos trabajadores/as en el sistema de cotización de la Seguridad Social, a cargo de su cartera de clientes que disponían de firma digital. Los perjudicados podían ser empresarios o autónomos que tenían este despacho para realizar trámites burocráticos con la administración, o personas físicas que realizaban tramitaciones puntuales, como podían ser declaraciones de renta. Cuando los perjudicados detectaban esta actividad irregular y reclamaban en el despacho, los investigados aducían que se trataba de un error de la gestoría y que procederían a subsanar.

Los agentes también investigaron 24 parejas de hecho ficticias entre personas nacionales con ciudadanos extracomunitarios para facilitar su regularización administrativa, inscritas en el registro de parejas estables de hecho de Catalunya. Finalmente se constataron que en 21 de estos casos, los ciudadanos extracomunitarios implicados solicitaron la residencia, por ser familiar de una persona nacional, y en 16 se logró la regularización. Entre una de esas parejas investigadas se encontraba la unión entre una ciudadana extranjera y uno de los principales investigados.

Banda estructurada

Los investigadores señalan que el entramado tenía las funciones muy delimitadas. Los responsables de la gestoría, junto con otras personas de origen extranjero, llevaban a cabo la dirección de la actividad criminal del entramado.

De esta forma, la gestoría elaboraba los contratos laborales ficticios presentados en la Seguridad Social. También generaba, de forma fraudulenta, documentación necesaria para inscribir a una pareja de hecho en el registro de parejas estables de hecho de Catalunya. Además, se demostró un empadronamiento fraudulento en domicilios para acreditar la convivencia entre los miembros de las parejas de hecho investigadas.

Por otra parte, otras personas, no relacionadas formalmente con la gestoría, eran los encargados de captar a inmigrantes extranjeros con su situación administrativa irregular, para, a cambio de dinero, iniciar los trámites de regularización fraudulentos.

Los investigadores también identificaron a varias mujeres como cómplices de la banda que facilitó sus datos para inscribirse como parejas de hecho con los extranjeros a cambio de dinero. La policía señala que la sentencia por esta causa permitirá revocar la documentación obtenida de forma ilegal con una petición judicial a la Subdelegación del Gobierno.