En el Parlament

La Conferencia Episcopal defiende las "medidas" tomadas por la Iglesia en la lucha contra la pederastia

El Papa no aborda la pederastia con los obispos españoles: "No ha habido tirón de orejas"

La Iglesia indemnizará a las víctimas de abusos sexuales pero aún no ha fijado los importes

Conferència Episcopal en el Parlament

Conferència Episcopal en el Parlament / ACN

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El vicesecretario para Asuntos Generales de la Conferencia Episcopal Española, Carlos López Segovia, ha defendido las "medidas" tomadas por la Iglesia los últimos años en la lucha contra los abusos sexuales a menores.

En una comparecencia a la comisión sobre la pederastia del Parlamento, Segovia ha reiterado "el dolor y vergüenza que los casos han causado en la Iglesia" y ha asegurado que su objetivo es "eliminar esta lacra". Aun así, ha afirmado que la pederastia se produce "en todos los ámbitos" y ha defendido que es "un esfuerzo de todos" la prevención y detección de los casos.

La comisión ha sido marcada por la incomparecencia del presidente de la Conferencia, Juan José Omella, a quien la comisión ha vuelto a citar este viernes.

"54 casos en 100 años"

Carlos López Segovia ha asegurado que de acuerdo con datos del Defensor del Pueblo en los últimos 100 años se han contabilizado 54 casos de abusos a menores cometidos en el sí de la iglesia católica, y que según la memoria de la Fiscalía General durante en 2022 se registraron 1.200 diligencias previas y urgentes en Catalunya vinculadas a abusos a menores de todos los ámbitos sociales, no solo del eclesiástico.

Ha asegurado que el objetivo de la iglesia es hacer justicia y sobre todo evitar que este tipo de hechos se repitan. “La iglesia figura entre las instituciones que más se han esforzado para avanzar en la lucha contra este tipo de delitos”, ha afirmado López Segovia, que ha remarcado que el objetivo prioritario siempre ha sido “crear lugares seguros para los menores”.

Medidas adoptadas

Ha enumerado algunas de las medidas que en los últimos años se han impulsado para combatir esta lacra como por ejemplo la creación de oficinas específicas en la práctica totalidad de las diócesis que, además de recibir denuncias, se encargan de impulsar acciones de prevención y ofrecer apoyo psicológico. En este contexto, ha explicado que durante el año 2022 se ha impartido formación a 152.900 personas, de las cuales 2.700 han sido sacerdotes.

Ha recordado que en los últimos años los papas que ha habido han ido “modulandolas actualizaciones normativas porque las denuncias en el ámbito canónico sean comunicadas a las autoridades públicas: “Estamos animando a que se denuncie penalmente y canónicamente y al mismo tiempo estamos incidiendo en la formación a todos los niveles”, ha remarcado el responsable de la CEE que ha dicho que en los últimos tiempos las cifras de abusos han menguado.

Así mismo, se ha referido a varias implementaciones impulsadas desde el ámbito del derecho canónico, entre las cuales las que están relacionadas con la prescripción de esta tipología de delitos. “Desde el año 2010 la iglesia católica tiene fijada la prescripción de estos delitos en los 20 años a partir de los 18 de la víctima y en los casos más graves esta prescripción se elimina”, ha detallado.

Pide ir "todos a una" y dejar "de señalar"

A la vez ha criticado la extrapolación de los datos y ha considerado que “lo más adecuado para abordar el tema es ir caso a caso, atender a las víctimas y acompañarlas con medidas adecuadas para que se pueda hacer justicia”. Ha asegurado que la CEE lleva tiempo trabajando en un plan de reparación integral a las víctimas que se presentará en breve. “Es un trabajo complejo y lento”, ha reconocido el eclesiástico que ha afirmado que también se contemplará el aspecto económico en la hora de paliar los daños.

Con todo, ha pedido a los diputados “ir todos a una” y buscar espacios de colaboración comunes y con objetivos reales que supongan la supresión de los abusos en todos los sectores de la sociedad. “Para eliminarlos tenemos que abrir el abanico a todos los supuestos”, ha asegurado López Segovia, que se ha mostrado convencido que sumando esfuerzos se podrán reducir drásticamente estos episodios. “Tenemos que aparcar el señalar y señalar, y sumar esfuerzos para proteger a los menores”, ha sentenciado.

ERC, Junts, En Comú Podem y la CUP reprochan a Omella la incomparecencia

Después de que la presidencia de la comisión haya constatado la incomparecencia del arzobispo de Barcelona y presidente de la Conferencia Episcopal Española, Juan José Omella, la mayor parte de los grupos parlamentarios han cargado contra el cardenal.

Desde ERC, la diputada Raquel Sans ha lamentado la ausencia y ha recordado que “es importante por el valor de la comisión” la comparecencia de Omella. “Lamentamos que no se haya producido porque nos consta que en el seno de la Iglesia hay mucha gente que cree que sería interesante estar aquí, pedir perdón y, sobre todo, reconocer a las víctimas”, ha defendido.

En la misma línea, la diputada de Junts Glòria Freixa ha criticado la incomparecencia “en la casa de la soberanía popular donde están representados todos los ciudadanos, de todas las confesiones”. Freixa ha recordado a Omella que el papa Francisco ha pedido perdón “en más de una ocasión” a las víctimas de la pederastia: “Lamentamos profundamente que el jefe de la Iglesia española no siga la figura que tendría que marcarle el camino, que es el papa, y se niegue a venir aquí”.

Así mismo, desde la CUP, la diputada Basha Changue, ha cargado contra Omella y ha asegurado que con la incomparecencia “hace un flaco favor al esclarecimiento” de todas las violencias que se han denunciado: “En no comparecer lo que hace es reforzar la cultura del silencio de la Iglesia”. A su vez, la diputada de los comuns Nuria Lozano ha pedido “poner en conocimiento de la Fiscalía la incomparecencia” de Omella porque “las víctimas merecen más respeto, justicia y reparación”.

Desde Vox, el diputado Manuel Jesús Acosta ha querido “recordar” a la presidencia a de la comisión “que hay dos sentencias del Tribunal Constitucional que indican que una comisión parlamentaria de investigación no tiene competencia para obligar la comparecencia de una persona que no sea funcionario público”.