La macrocausa de los Casuals, en jaque por las dudas legales sobre las escuchas en sus coches

El pasado 9 de junio, los Mossos d’Esquadra desplegaron un macrodispositivo para detener a los principales miembros de los Casuals, grupo ultra del FC Barcelona nacido en el seno de los Boixos Nois y que está considerado una estructura organizada. Las pesquisas contra esta organización se iniciaron a raíz del ataque, el 28 de noviembre de 2021, contra el bar Los Cazadores, de Cornellà de Llobregat, donde había aficionados del Espanyol. A partir de ese día, la policía siguió de cerca los movimientos de los seguidores radicales del Barça y, por orden de un juzgado de Cornellà, se instalaron micrófonos en los vehículos de, al menos, un cabecilla de la trama, para grabar sus conversaciones. Ahora, la defensa ha pedido la nulidad de esta prueba por ser indiscriminada e ilimitada, cuando debería haber sido acotada a reuniones concretas. Si la Audiencia de Barcelona le da la razón, la investigación y varios de los procesos penales contra ellos corren peligro, pues a partir de esas escuchas se abrieron varios procesos judiciales.

Según el atestado policial incorporado en la principal causa contra los Casuals, que tramita el Juzgado de Instrucción número 12 de Barcelona, los Mossos, en colaboración con la Policía Nacional, y después de meses de vigilancias y escuchas telefónicas, concluyeron que la organización Casuals FCB, que ya fue desarticulada en 2010, había vuelto a activarse después de que sus principales líderes abandonaran la prisión y se adaptaran al ‘boom’ cannábico que se vive en España, y en concreto Catalunya, desde 2015.

La operación librada en junio contra ese resurgimiento fue bautizada policialmente con el nombre de Hydra, el ser mitológico de varias cabezas que era capaz de regenerarse cada vez que cercenaba uno de sus cuellos. Fueron detenidas 27 personas y varios ingresaron en prisión. Al líder, Ricardo Mateo, los agentes no lo encontraron en su domicilio, aunque resultó arrestado al cabo de un mes. La causa del Juzgado de Instrucción número 12 fue abierta por un abanico de presuntos delitos, desde homicidio, a secuestro y extorsión, pasando por tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal, entre otros.

La defensa de uno de los investigados ha ido directamente a arrancar de raíz las pruebas incriminatorias. Uno de los abogados ha presentado un recurso en el que solicita la nulidad de los autos judiciales del juzgado de Cornellà que autorizaban el uso de un dispositivo de sonorización de dos vehículos. A su entender, el Juzgado de Instrucción número 12 de Barcelona, que ha incorporado en la causa esas resoluciones, se ha nutrido “en exceso” del “desproporcionado” uso de la instalación de micrófonos en dos vehículos supuestamente utilizados por uno de sus cabecillas.

Conversaciones "sin filtro"

El abogado sostiene en su recurso, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, que, según la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la adopción de esa medida debe ir vinculada a “concretísimos encuentros” que vayan a tener lugar o estén previstos entre el investigado y otras personas. Es decir, no caben autorizaciones de captación y grabación de conversaciones de “carácter general o indiscriminadas”.

Según la defensa, los autos del juzgado de Cornellà que avalaban esta práctica no fijan qué "concreto o concretos" encuentros se quiere interceptar y, por lo tanto, se acordó de forma "indiscriminada e ilimitada", "sin filtro", la intervención de las comunicaciones que se iban a tener en los interiores de los vehículos sonorizados. El letrado subraya que los argumentos esgrimidos para prorrogar una de esas medidas tienen un "aroma burocrático y estereotipado" que "no puede ni debe justificar la injerencia en los derechos fundamentales a la intimidad, al secreto de las comunicaciones y privacidad de los investigados".

La defensa también ha impugnado el volcado (copia) y posterior análisis de terminales móviles incautados a imputados por orden del juzgado de Cornellà porque se hizo "sin limitación de ningún tipo" y no centrándose en la investigación del hecho concreto, es decir, el ataque al bar Los Cazadores de Cornellà. El abogado requiere que las indagaciones se centren en el 28 de noviembre de 2021, cuando se produjo el asalto al local, y no al acceso a toda la información almacenada en el teléfono. De esta manera, se evita, en su opinión, una "búsqueda universal y prospectivas" que pudieran tener efectos anulatorios en este proceso judicial.

Suscríbete para seguir leyendo