La denuncia de una quinta exalumna acorrala al enfermero del colegio Jesuïtes de Casp

Las denuncias por presuntas agresiones sexuales cometidas a niñas entre los años 2000 y 2001 por un religioso enfermero, Amado A., de 78 años, en el centro escolar Jesuïtes de Casp de Barcelona, aumentan y están acorralando al investigado. El pasado 28 de noviembre compareció ante la Fiscalía de Barcelona una quinta víctima y ha relatado hechos similares a los de las otras cuatro: que el investigado le infligió una serie de tocamientos por debajo de la ropa interior en la zona de la vulva en la revisión anual que se realizaba en el colegio y cuando solo tenían entre 6 y 7 años. Durante esas supuestas exploraciones, el enfermero, aseguran, estaba solo en la habitación. Ninguna de las denunciantes, ahora adultas, recuerda que hubiera ningún médico. No se descarta que existan todavía más víctimas entre las alumnas del centro.

La fiscal ha ordenado a la policía que requiera al Síndic y al Arzobispado de Barcelona si tenían conocimiento sobre estos casos

De las cinco víctimas, tres han comparecido ante la fiscalía para denunciar al enfermero, que en su declaración negó los hecho y vive en un asilo de la orden en Badalona. Las mujeres que han optado por esta vía se han sentido más cómodas y acogidas a la hora de declarar unos hechos íntimos que para ellas no dejan de ser difíciles de recordar. Después deberán ratificar su versión en el juzgado. La primera denunciante, la que permitió incoar el procedimiento penal, denunció el pasado julio en una comisaría de la Policía Nacional porque se encontraba fuera de Catalunya. La investigación se salvó por los pelos, al percatarse la fiscal que por dos días los hechos no estaban prescritos, lo que habría impedido iniciar las pesquisas. La segunda víctima denunció en septiembre ante la policía y las otras tres ante la fiscalía.

Diligencias auxiliares

En esta investigación, la fiscal que se encarga del caso, Alexandra García, está aplicando, además, la circular 2/2022 de la Fiscalía General del Estado, la cual permite al ministerio público abrir lo que se denomina diligencias auxiliares de forma paralela a la causa que se esté tramitando en un juzgado; en el supuesto de los Jesuïtes, el Juzgado de Instrucción número 7 de Barcelona. De esta forma, la fiscalía puede requerir directamente a la policía judicial pruebas puntuales y –cuando se concluyan, sea el resultado que sea– se trasladarán al juzgado. La defensa debe estar informada de estas actuaciones.

La acusación pública también ha solicitado al juez que pida al colegio el protocolo que regula las revisiones médicas y si se adecua a la buena praxis

"La circular 2/2022 nos acerca al modelo europeo de fiscal instructor. Apuesta por un fiscal proactivo que dirige a la policía judicial en las investigaciones, tal como sucede en los países de nuestro entorno y en los tribunales internacionales. Nos permite incluso obtener nuevas pruebas a través de la policía, con garantías, y así reabrir causas que están actualmente archivadas en el juzgado. A día de hoy, estoy trabajando para reabrir dos casos, uno con Mossos y el otro con Policía Nacional", explica la fiscal Alexandra García.

A través de esas diligencias auxiliares, la fiscal ordenó a la Policía Nacional que pidiera al Arzobispado de Barcelona información sobre si se había interpuesto en sus oficinas de atención a las víctimas alguna denuncia contra el enfermero, a lo que la institución religiosa respondió que no. Esta solicitud se argumentó en que la última memoria de la Fiscalía General del Estado y el Informe del Defensor del Pueblo sobre abusos sexuales en la Iglesia exponen que las denuncias por estos delitos no se interponene solo en la fiscalía y en los juzgados, sino también en las oficinas de asistencia a la víctima de las diócesis españolas.

Síndic de Greuges

El segundo requerimiento remitido a la Policía Nacional es que instara al Síndic de Greuges para que comunicara si había recibido alguna queja o denuncia respecto al jesuita, cuestión que resultó negativa, y que elaborara un informe sobre una afirmación recogida en su web sobre un caso de abusos sexuales en el que se apunta que "todas estas situaciones no han salido a la luz, ni se han abordado de forma adecuada desde la institución". El Síndic ha remitido el informe sobre esta cuestión.

De forma paralela, la fiscal también ha solicitado al juez instructor que requiera al colegio para que aporte el proyecto o protocolo que ampara las revisiones médicas, que dos médicos del Institut de Medicina Forense dictaminen sobre dicho documento y si es o no adecuado a la práxis médica, y que psicólogos del Equipo de Asesoramiento Técnico Penal (EATP) valoren el daño psicológico de las cinco víctimas, entre otras cuestiones.

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