¿Qué dice exactamente el acuerdo entre Gobierno y sindicatos que ha evitado la huelga de Renfe y Adif?

Diálogo social indiscutible

En primer lugar, el ministerio se compromete a informar a los representantes de los trabajadores de cualquier avance que se produzca en cualquiera de los temas en liza. "Se abordarán conjuntamente aquellas soluciones que permitan superar la conflictividad", reza el acuerdo. Es la lógica demanda de no modificar nada que tenga que ver con las condiciones de trabajo sin contar con la opinión del comité de empresa. Y un modo de decir que si se da cualquier paso sin una consulta previa a la plantilla, la amenaza de huelga volverá a escena.

Mantenimiento de las condiciones

El segundo punto hace referencia expresa a los puestos de trabajo: "Firme compromiso con el mantenimiento de las condiciones sociolaborales de la plantilla y especialmente, con la garantía de integridad del Grupo Renfe y Adif, manteniendo sus plantillas y su operación, tanto para el proceso de Renfe Mercancías, con en el de Rodalies de Catalaunya". Es decir, tal y como ya ha defendido el Govern desde que se hizo público el traspaso de competencias, el 3 de noviembre, la plantilla no alterará prestaciones como la antigüedad, los pluses o, sobre todo, la movilidad laboral, esté el interesado dentro del operador estatal o incorporado en el nuevo operador catalán.

Un nuevo marco legal

El tercer punto recoge el guante de los dos compromisos anteriores y acuerda dar forma a un "marco jurídico" que permita acometer lo prometido en materia laboral y de diálogo social, de manera que se garantice la "indemnidad de los derechos socio-laborales de las personas trabajadoras de ambas empresas públicas", en referencia a Renfe y Adif. En resumidas cuentas, el comité de empresa exige al Gobierno que todo lo prometido desde el ámbito de la político tenga una traducción legal que blinde acciones posteriores en defensa de los derechos de los trabajadores.

Estándares de formación

El cuarto compromiso es el más técnico de todos. El Ministerio de Transportes y Movilidad sostenible se compromete a "mantener los criterios de eficiencia, seguridad y calidad en todos los ámbitos e infraestructuras de la red, no rebajando los estándares por los que actualmente están regidos, tanto europeos como nacionales, regulados en la legislación vigente", lo que incluye, reza el acuerdo, "las exigencias de las titulaciones requeridas para operar en la red ferroviaria de interés general (RFIG)".

Los maquinistas temen que los nuevos conductores de la sociedad mixta Rodalies de Catalunya (en la que el Govern tendrá mayoría frente al Estado) no tengan los <strong>mismos estándares de formación</strong> que ellos. Esto sucedería en las líneas cuya infraestructura también se traspase, la que coincide con la R1, la R3 y la R2 Sud, que al dejar de estar bajo el paraguas de Adif ya no estarían incluidas en la red ferroviaria de interés general (RFIG), donde se exige la formación que permite entrar en Renfe. Para que nos entendamos, las líneas de FGC no forman parte de esta malla. Con este acuerdo, le nuevo operador mantendría las mismas exigencias que Adif y Renfe.

Mesa de consenso

El último punto establece la creación de una "mesa de diálogo permanente entre las partes para transmitir la visión y modelo ferroviario que reivindican los trabajadores". Todo, con el objetivo de alcanzar el "consenso en los procesos que se puedan acometer en el sector".