Facilitadores de comunicación, figura clave para superar la barrera de la discapacidad en los juzgados

Más de 650.000  se encuentran con barreras comunicativas para acceder a la Justicia en España, de las cuales casi 120.000 tienen parálisis cerebral según alerta la Confederación Aspace que representa a este colectivo. Desde junio de 2021 todos ellos cuentan con una figura esencial para superar los inevitables obstáculos que aparecen cuando deben colocarse delante de un juez: se trata de los denominados facilitadores de comunicación, que participan en los procedimientos a pesar a no contar aún con la necesaria definición legal.

Así lo advierte a El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica, Juan Manuel Fernández, vocal del Consejo General del Poder Judicial y desde 2013 presidente del Foro Justicia y Discapacidad, un órgano en el que participan diferentes administraciones con el fin de facilitar el acceso de las personas con discapacidad a la justicia.

La ley aprobada en 2021 implicó una reforma profunda de legislación civil y procesal, ya que supuso el fin de la incapacitación judicial de las personas con discapacidad y el reconocimiento su derecho a decidir contando con los apoyos que necesitan, también en sus diferentes gestiones ante los tribunales. 

"Antes de la reforma en las personas en las que concurrían discapacidad se les incapacitaba y se les ponía un tutor o curador, pero, desde que se aprobó esta ley, el juicio de incapacitación ha desaparecido y se sustituye por un sistema de provisión de apoyos, porque toda persona debe decidir quien le debe apoyar para qué cosas", explica Fernández, que apunta, entre estos apoyos, la figura del facilitador.

La nueva figura interviene en las necesidades especiales de comunicación que algunas personas con discapacidad presentan a la hora de comparecer ante los tribunales, porque no pueden ser entendidas o es muy difícil. La regulación aparece en el artículo 7 bis de la Ley de Enjuiciamiento civil, que dice que "todas las comunicaciones con las personas con discapacidad, orales o escritas, se harán en un lenguaje claro, sencillo y accesible, de un modo que tenga en cuenta sus características personales y sus necesidades, haciendo uso de medios como la lectura fácil".

Entender y ser entendidas

El apartado c) de dicho artículo hace alusión expresamente a esta figura, al señalar que "se permitirá la participación de un profesional experto que a modo de facilitador realice tareas de adaptación y ajuste necesarias para que la persona con discapacidad pueda entender y ser entendida". Pese a que se trata de un precepto de la Ley de Enjuiciamiento civil, también se aplica con carácter supletorio en cualquier juicio penal, social, contencioso...

"El facilitador es crucial, porque es neutral", añade el vocal, que afirma que la figura "está funcionando muy bien" aunque su uso también plantea "no pocos problemas" dado no existe aún una definición legal de la misma, ni tampoco regulación estatutaria, no hay un registro de facilitadores ni se establece en ningún lado qué requisitos deben cumplir quienes llevan a cabo esta función. El asunto se trató la semana pasada en la última reunión del Foro, donde se acordó crear un grupo de trabajo para abordar una mejora en su delimitación jurídica.

Por el momento, las carencias las suplen asociaciones en el ámbito de la discapacidad como Aspace, que forman a los facilitadores mientras por su parte los tribunales "echan mano" de estas personas.

Lectura fácil

Otras actuaciones del Foro Justicia y Discapacidad han pasado por intervenir en los métodos de lectura fácil y pictogramas que algunas personas utilizan en su relación con los jueces y tribunales, momentos en los que suelen intervenir acompañados de algún familiar o amigo que les ayuda.

Lo importante es "desterrar la idea de que las situaciones de discapacidad supongan imposibilidad de obtener la tutela judicial efectiva", apunta Fernández.

Justicia inclusiva

Desde la Confederación Aspace, la delegada de derechos humanos y coordinadora de incidencia, Ángeles Blanco, explicaba en unas recientes jornadas organizadas por la entidad que, precisamente, una de las herramientas para garantizar una justicia inclusiva, es contar con una persona facilitadora de la comunicación que preste apoyo en este ámbito.

Se trata, detalló, de un profesional de logopedia, con formación en Sistemas Aumentativos y Alternativos de la Comunicación y cuya intervención debe ser neutral e imparcial; que realiza un informe y diseña ajustes individualizados en función de las necesidades comunicativas de la persona, garantizando la comunicación bidireccional con el órgano policial y judicial.  

Víctimas de violencia machista

Blanco ha explicado que la intervención de esta figura "resulta fundamental" en el acceso de las mujeres con discapacidad y necesidades de apoyo en la comunicación a los recursos de información y atención jurídica, social y psicológica especializada para mujeres en situación de violencia que ofrecen los diferentes organismos públicos. "Solo de esta manera podrán interponer una denuncia contra su agresor", ha recalcado porque "los canales de denuncia no son accesibles, ya que no están adaptados a la Comunicación Aumentativa y Alternativa, como ocurre en el caso del 016". 

"Las mujeres con parálisis cerebral y necesidades de apoyo en la comunicación son más propensas a ser víctimas de violencia sexual", señala ASPACE

Además, la delegada de Derechos Humanos y coordinadora de incidencia de la entidad, ha recordado que "las mujeres con parálisis cerebral y necesidades de apoyo en la comunicación son más propensas a ser víctimas de violencia sexual, ya que su situación de pluridiscapacidad y dependencia hace que se encuentren en una posición más vulnerable y socialmente invisible".

De hecho, según datos de la asesoría jurídica de Confederación Aspace, el 86,8% de la violencia ejercida contra mujeres con parálisis cerebral y que emplean comunicación alternativa es de naturaleza sexual. Por último, la entidad hace alusión a la formación y la especialización de esta figura, la de los facilitadores, que será "sin duda" la garantía para evitar la revictimización y de que "realmente exista una tutela judicial efectiva".