Violencia familiar
Padres agredidos por sus hijos: "Si no hay sangre, la administración no hace nada"
5.000 familias al año denuncian por maltrato a sus hijos adolescentes: apenas son el 14% de los casos
La Generalitat habilita dos viviendas para jóvenes que han agredido a sus padres
Elisenda Colell
Redactora
Periodista de desigualdades y exclusión social crecida en la redacción de informativos de la Cadena SER en Catalunya. Nací en Viu Comunicació y Cugat.cat.
Esta semana leía en los diarios que un hijo había asesinado a su padre en Vilafant (Alt Empordà). Tenía la misma edad que el suyo. De hecho, el martes, se cumplía un año de la última vez que lo había visto, desde que un juez interpuso una orden de alejamiento entre ambos. Sabe que está vivo, pero desconoce dónde. "Cuando leí lo del asesinato se me removió todo por dentro porque piensas que el chico ha pedido ayuda pero no se la han dado, y la familia tampoco ha estado acompañada", cuenta Silvia Otín, presidenta de la Associació de Familiars d'Adolescents amb Trastorn de Conducta (ASFATAC). "A mí me pasó, yo lo denuncié para que lo enviaran a un psiquiátrico de una vez, que le obligaran a recibir tratamiento. Pero nada, si no hay sangre, nadie hace nada", se queja.
Otín cuenta que su hijo empezó a tener problemas de conducta a partir de los 13 años, cuando también comenzó su relación con la marihuana y los porros. "De repente un día dices ¿qué le pasa a mi hijo? Con los años te sientes culpable, piensas que te has equivocado como madre, que no has puesto límites... Pero luego te das cuenta de que el bullying, su sensibilidad... todo peta en la adolescencia. Mis dos hijos crecieron igual pero uno se me perdió por el camino".
4.000 euros al mes
Cuando el chico cumplió 16 años, las soluciones de la administración fueron nulas. "Nos encontramos con que en los centros de salud mental no nos daban hora antes de un plazo de entre tres y seis meses. ¡No hay profesionales! Y terminamos en un centro privado pagando 4.000 euros al mes", explica Otín. Es habitual que las familias, antes de llegar a la denuncia policial, hayan intentado resolver el problema en unos seis o siete servicios públicos de forma previa.
"Tú, como padre y madre, te coges a un clavo ardiendo", explica Ortín. El chico estuvo en el centro privado durante 19 meses: el tiempo que los padres pudieron pagar con los ahorros. Casi 80.000 euros. Allí coincidieron con familias de otros jóvenes en la misma situación. Y decidieron crear la asociación. "Piensas: o haces algo o nuestros hijos terminan muertos o en la cárcel", explica la madre.
Miedo y desesperación
La violencia era constante en casa. También las idas y venidas de los Mossos d'Esquadra. "Él no quería saber nada de salud mental, seguía consumiendo drogas y yo estaba muy agotada... La cosa cada vez iba a más. Intentábamos que estudiara, pero era insostenible". El matrimonio aguantó varios años encajando insultos, gritos y maltrato verbal constante. "Los padres lo negamos por el estigma y el miedo. Piensas que si denuncias lo vas a perder, que no lo quieres lo suficiente, que se pensará que lo haces para sacártelo de encima. Preferí llamar a la puerta de la escuela, los servicios sociales, sanitarios, psiquiátricos... Aunque la verdad es que tampoco sirvió de mucho. Al final denuncias porque ya no sabes cómo ayudarle".
La primera denuncia llegó cuando el chico ya era mayor de edad, tras una amenaza de muerte contra el padre. A las pocas horas regresó a casa. Aunque hubo una intervención de los Mossos, el conflicto siguió. La madre esperaba que lo llevaran a un psiquiátrico y lo atendieran, pero no fue así. "Vinieron los Mossos, se lo llevaron en ambulancia y, cuando se tranquilizó y terminó el brote, le dieron una pastillita y, venga, ¡otra vez a casa!".
Esperanzas rotas
En julio del 2022, la familia volvió a presentar denuncia. "Rompió todos los cristales, los muebles de casa... y nos amenazó de muerte. Allí fue cuando nos volvimos a plantar", sigue la madre, que lamenta que los Mossos tardaron una hora en llegar al domicilio. Esta vez el juez dictó una orden de alejamiento.
Desde entonces no sabe nada de él. "Yo esperaba una respuesta terapéutica: pero no, está en la calle. Pensé que esta vez sí que había sangre y que harían algo... pero no, porque la sangre era de mi hijo, no nuestra". La mujer sufrió este invierno, pensando cómo estaría pasando el frío. Y sufre ahora también en verano, imaginandose cómo debe de sobrellevar las olas de calor. "Denunciar es una arma de doble filo, puede ir muy bien o muy mal. Al final tienes dos opciones, o temes por tu vida y la de tu hijo, o prefieres que termine preso".
Otín reclama medidas de prevención contra este tipo de violencia y, sobre todo, más recursos en atención a la salud mental: desde profesionales hasta centros o espacios donde los afectados puedan llevar una vida lo más normal posible. "Necesitamos medios, necesitamos opciones para nuestros hijos. Claro que temía por mi vida, pero no se le puede dejar en la calle y hacer ver que el problema ha desaparecido".
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