La ley de eutanasia dos años después: mil solicitudes y apenas 370 peticiones atendidas

La ley de eutanasia cumple esta semana dos años desde que el 25 de junio de 2021 entró en vigor. El balance de aplicación, no obstante, es agridulce. Por un lado, unas 370 personas han accedido a la ayuda a morir entre junio de 2021 y diciembre de 2022, lo que supone “una buena noticia y que era una norma necesaria”, según Derecho a Morir Dignamente (DMD), la entidad civil referente en esta causa.

Por otro lado, aunque la información ofrecida por las administraciones es "escasa, heterogénea y, a menudo, hueca", se tiene constancia de que al menos más de 1.000 personas han formulado la solicitud, aunque no han podido acceder a la prestación por diversos problemas de implementación de una norma nueva, farragosa y que algunas comunidades han tardado en implementar.

Por ejemplo, Extremadura, Andalucía y Castilla La-Mancha no autorizaron ninguna eutanasia en los seis primeros meses tras su entrada en vigor, lo que demuestra que "la puesta en marcha fue lenta”, según ha denunciado Fernando Marín, médico y activista de Derecho a Morir Dignamente en la presentación este jueves del balance de dos años de la ley. Cómputo que, según ha reconocido la organización, es "superficial", puesto que solo seis autonomías han publicado los datos de 2022 -el resto son no oficiales- y con una escasez de parámetros que no permite distinguir si los fallos son "puntuales o estructurales".

Dos velocidades

En cualquier caso, la radiografía permite vislumbrar que hay dos velocidades en la aplicación. Por un lado, destacan Navarra, Euskadi y Catalunya, donde se ha practicado más de una eutanasia por cada 1.000 fallecimientos. Mientras tanto, en Murcia, Extremadura o Galicia la muerte asistida ha tenido una incidencia 10 veces menor, de poco más del 0,01%.

El motivo es que las tres primeras han puesto en marcha protocolos de respuesta a las solicitudes presentadas, han formado a los sanitarios, han creado un sistema de referentes al que los profesionales con dudas pueden acudir. Todo ello ha contribuido a que se hayan practicado más eutanasias que en otros lugares, donde “los médicos no saben ni dónde dirigirse”, según ha denunciado Fernando Sanz, también médico y activista de DMD.

Fallos detectados

Aunque Navarra se sitúa a la cabeza en la tasa de muerte asistida por fallecimientos anuales -con 13 prestaciones en 2022, lo que supone el 0,2% de las muertes-, Catalunya lo hace en números absolutos, con 91 en 2022, lo que supone el 0,12% de los fallecimientos. El cómputo global catalán es de 151 eutanasias de junio de 2021 hasta diciembre de 2022, con un ritmo de peticiones que se ha acelerado ligeramente: en 2021 fueron 137 (y se efectuaron 60) y en 2022 175 (se llevaron a cabo 91).

El Govern, por su parte, sí ha informado de qué ha ocurrido con las solicitudes no atendidas el año pasado: 55 fallecieron antes de concluir el procedimiento, 12 se denegaron por no cumplir los requisitos, 3 se aplazaron, 1 se revocó y 13 continuaban en trámite (a 31 de diciembre de 2022). Sin embargo, otras comunidades no son tan trasparentes, por lo que DMD, a partir de los casos individuales que consultan con la organización, ha hecho un esbozo de cuáles han sido los principales problemas de aplicación.

Problemas de aplicación

En primer lugar, apuntan desde la asociaciación, uno de los frenos es la "falta de colaboración de la sanidad privada". Muchas mutuas se niegan a realizar la prestación y derivan a sus asociados a la sanidad pública, lo cual "es un obstáculo a veces infranqueable", según Fernando Martín.

Por otro lado, se ha detectado que hay solicitudes que se demoran incluso meses, cuando el proceso debería durar alrededor de 35 días, teniendo en cuenta que la eutanasia tiene que ser presentada ante un "médico responsable", que puede ser de atención primaria u hospitalaria. Este facultativo debe presentar la solicitud a un "médico consultor", que corrobora que se cumplen los requisitos: fundamentalmente que el enfermo padece una enfermedad irreversible, con un sufrimiento intolerable y limitaciones a su autonomía. Y después la Comisión de Garantía de cada comunidad vuelve a examinar el caso y brinda o no su autorización.

Fallecimientos durante el trámite

Los trámites pueden realizarse con todas las garantías en menos de 25 días, pero a menudo se extienden más allá de los 50 y hay enfermos que mueren en el proceso. También hay solicitudes que nunca llegan a la Comisión de Garantía, dado que hay médicos que -por desconocimiento del proceso, porque están desbordados de trabajo o porque no creen que la eutanasia sea la solución- aconsejan a sus pacientes que se lo piensen dos veces, y que vayan al psicólogo, al psiquiatra, a cuidados paliativos, etcétera.

"Muchos pacientes verbalizan su deseo, pero los médicos no tramitan la solicitud", según el doctor Sanz. También se da el caso de profesionales objetores de conciencia, los cuales deben informar de las solicitudes a sus superiores para que busquen otro facultativo, pero no lo hacen.

La reclamación

Para paliar estos problemas, DMD solicita que todos los centros sanitarios cuenten con un protocolo de respuesta ante las solicitudes de eutanasia; que se suprima la recomendación de que el médico consultor no haya tenido relación con el paciente; que se implante el sistema de referentes a los que poder consultar en todas las comunidades, y que se elimine la recomendación de que la eutanasia se realice en un tiempo máximo -que oscila entre dos y seis meses, dependiendo de la región-.

Según DMD, muchos pacientes desean tener la autorización pero ejercer el derecho cuando ven realmente que lo necesitan, no inmediatamente tras solicitarlo. No obstante, pese a los fallos detectados, la organización en defensa de una muerte digna ha aclarado que la aplicación "no ha sido una catástrofe" y que la eutanasia, una vez ha sido avalada por el Tribunal Constitucional, se irá consolidando entre la ciudadanía, con una mejor respuesta de los servicios sanitarios.

Como ha sucedido en otros países que han despenalizado este derecho, lo normal es que en los próximos años haya más eutanasias y menos solicitudes no atendidas.