Los Veintisiete presionan al Parlamento Europeo para aprobar la ley de la biodiversidad que boicotea el PPE

Frente a los intentos del Partido Popular Europeo (PPE) en la Eurocámara por tumbar la propuesta de ley de restauración de la naturaleza, una pieza “esencial” de la estrategia de biodiversidad y del pacto verde europeo, los ministros de medio ambiente de la Unión Europea han logrado cerrar este martes, por mayoría cualificada y con el voto en contra de delegaciones como Polonia, Italia, Suecia o Finlandia, un “acuerdo político” sobre la propuesta de reglamento con la que la UE aspira a restaurar ecosistemas, hábitats y especies en todas las zonas terrestres y marinas de la UE.

“La presidencia ha trabajado duro para encontrar el equilibrio adecuado y ha escuchado atentamente a todos los Estados miembros que han tenido diferentes preocupaciones y observaciones”, ha destacado la ministra sueca de Medio Ambiente, Romina Pourmokhtari, sobre la legislación a la que ha declarado la guerra el PPE.

"Oposición tribal"

El compromiso, sobre el que se han abstenido Bélgica y Austria, rebaja la ambición de la propuesta inicial de la Comisión Europea al incluir más flexibilidad para que los gobiernos apliquen el reglamento. “El texto está por debajo de lo que a nosotros nos hubiera gustado y sin embargo es un paso adelante muy significativo. Nos permitirá trabajar con el Parlamento Europeo. Confiamos en llegar un acuerdo antes de finales de año”, ha dicho la vicepresidenta tercera del Gobierno y responsable de transición ecológica, Teresa Ribera, que ha cargado a su llegada a la reunión contra el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de quien ha dicho: “No se le ha oído una sola palabra sobre qué opina de la naturaleza, las políticas ambientales, las climáticas y la política energética”. 

La misma línea, aunque contra el PPE en general, ha mantenido el comisario de Medio Ambiente, Frans Timmermans, quien ha lamentado la “oposición tribal” del grupo conservador a la propuesta de cuyo contenido “ni siquieran han querido hablar”. Si la Eurocámara, tras la señal de los gobiernos, consigue finalmente adoptar su mandato negociador en el pleno previsto entre el 10 y 13 de julio -el 27 de junio está previsto que la comisión de medio ambiente concluya la votación de enmiendas-, la idea sería que los colegisladores acuerden la nueva ley antes de que concluya la presidencia española de la UE, a finales de diciembre. Bruselas presentó su propuesta hace justo un año para responder a una situación cada vez más preocupante: el 80% de los hábitats europeos están en mal estado y es necesario actuar con urgencia no solo para preservar la naturaleza sino para revertir el daño con objetivos y obligaciones vinculantes.

Más flexibilidad

El acuerdo político, que ahora deberán negociar con el Parlamento Europeo, reclama a los Estados miembros que pongan en marcha medidas de restauración para que al menos el 20% de los hábitats de los ecosistemas terrestres, costeros, de agua dulce y marinos que no estén en buenas condiciones vuelvan a estarlo para el año 2030. Esto se aplicaría al menos al 20% de la superficie total de los tipos de hábitats que no se consideran en buen estado. Los Estados miembros tendrán flexibilidad para establecer medidas de restauración en al menos el 60% para 2040 y en al menos el 90% para 2050 de la superficie de cada grupo de hábitats que no esté en buen estado. Además, se incluyen excepciones para las zonas marinas con hábitats de sedimentos blandos que estarán exentas de cumplir el objetivo de 2030.

Los Veintisiete se comprometen a evitar un “deterioro significativo” en las zonas en buen estado fuera de la red Natura 2000, a mejorar los conocimientos sobre los hábitats y a controlar que no se produzcan pérdidas de zonas verdes en ecosistemas urbanos. Por ejemplo, la ley mantiene el requisito de “pérdida neta nula”, lo que significa que no debe producirse ninguna pérdida neta de zonas verdes urbanas y de cubierta de copas de árboles urbanos para 2030, en comparación con la fecha de entrada en vigor del reglamento, a menos que los ecosistemas urbanos ya cuenten con más de un 45% de zonas verdes. 

Inquietud por la financiación

Además, añaden un nuevo artículo en el que se establece que la planificación, construcción y explotación de centrales de producción de energía a partir de fuentes renovables -su conexión a la red y la propia red y los activos de almacenamiento conexos- se consideran de “interés público superior”. Esto significa que se beneficiarán de una excepción a las obligaciones de mejora continua y no deterioro.

Los gobiernos también piden a Bruselas un análisis sobre los recursos financieros disponibles a escala de la UE, una evaluación de las necesidades de financiación y un análisis para identificar cualquier déficit de financiación en este terreno, una de las principales preocupaciones de buena parte de las delegaciones ya que "la restauración de la naturaleza es cara", han recordado varias delegaciones. “Tenemos que dejar de vivir en ese mito de que la naturaleza es un coste sin retorno. Esta propuesta nos ahorra mucho dinero. Por cada euro invertido tenemos un retorno de por lo menos ocho euros de los beneficios que nos ofrecen los ecosistemas saludables. Así que, lo más caro que podemos hacer es no actuar”, ha recordado el comisario de medio ambiente, Virjinius Sinkevicius.