DERECHO AL ABORTO
Montero exige a las autonomías que garanticen el derecho al aborto
El Tribunal Constitucional avala por mayoría la ley del aborto de Zapatero
La ley del aborto evitará coacciones a las mujeres como las que quería aplicar Vox en Castilla y León
La titular de Igualdad les envía una carta para que pongan en marcha con urgencia las medidas de la ley, y recuerda que es una obligación legal
La ministra de Igualdad, Irene Montero, en un acto electoral en Ibiza. / EFE
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Por qué confiar en El Periódico Garantizar el derecho al aborto en la sanidad pública es una obligación para las comunidades autónomas, así lo establece la ley. Y casi tres meses después de la entrada en vigor de la reforma de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, y a cinco días de las elecciones del 28M, la ministra de Igualdad, Irene Montero se ha dirigido a las comunidades autónomas para exigir que garanticen el acceso de las mujeres a ese derecho en todos los territorios y en centros públicos.
La titular de Igualdad ha enviado una carta a todas las autonomías con el objetivo de que desplieguen "urgentemente" las medidas relacionadas con la interrupción voluntaria del embarazo que se incluyeron en la reforma de la ley, aprobada el pasado 16 de febrero en el Congreso y que entró en vigor el 1 de marzo.
Montero ha recordado a las distintas comunidades que aplicar la ley para garantizar los derechos de las mujeres es una "obligación".
La reformada ley del aborto establece que todas las mujeres a partir de los 16 años podrán interrumpir su embarazo "con independencia del lugar donde residan" y "en centros de la red sanitaria pública o vinculados a la misma".
Registro de objetores
Para garantizar ese derecho, establece la creación de registros de profesionales sanitarios objetores de conciencia con el objetivo de que esa objeción individual no menoscabe el derecho de las mujeres que quieren abordar.
"El acceso o la calidad asistencial de la prestación no se verán afectados por el ejercicio individual del derecho a la objeción de conciencia", indica la ley, que obliga a los servicios públicos a organizarse para garantizar la disponibilidad del personal sanitario necesario para el acceso efectivo y oportuno a la interrupción voluntaria del embarazo.
La carta de Montero tiene como objetivo precisamente instar a las comunidades autónomas a que "den los pasos necesarios" para que haya médicos y médicas no objetores en todos los hospitales públicos, "incluyendo si es necesario la contratación" de profesionales para ello.
Fuente: El Periódico de España
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