Medio ambiente

La fiscalía denuncia al Ayuntamiento de Begur y ve indicios de delito en la urbanización de un espacio protegido

Insta al juzgado a abrir diligencias tras la denuncia de entidades ecologistas contra la construcción de nueve chalets en la zona de Puig Montcal

Begur

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ACN

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La fiscalía de Medio Ambiente ha denunciado a la junta de gobierno local de Begur (Baix Empordà) por indicios de delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio en la urbanización del Puig Montcal. En este paraje de "valor ecológico protegido" se ha avalado este proyecto urbanístico para hacer nueve chalets. El fiscal ha enviado la denuncia a los Juzgados de la Bisbal de Empordà solicitando que incoe diligencias y oficie la unidad especializada de delitos contra el Medio Ambiente y Urbanismo de los Mossos d'Esquadra para que lo investigue. Las entidades ecologistas que llevaron el caso a la fiscalía (SOS Costa Brava, Ecologistas en Acción y Salvem la Costa de Begur) confían en que la investigación ponga punto final "a una etapa de urbanización desaforada" en el municipio.

El fiscal delegado de Medio Ambiente de Girona, Enrique Barata, ha presentado la denuncia penal en los Juzgados de la Bisbal de Empordà solicitando que abra diligencias y oficie a los Mossos d'Esquadra para que investigue las presuntas irregularidades denunciadas por las entidades ecologistas. El fiscal argumenta que el atestado tiene como objetivo que la unidad especializada en delitos urbanísticos realice inspecciones y reportajes fotográficos de la zona, tome declaración de peritos, testigos y posibles investigados y contraste la tramitación que realizó el ayuntamiento con la normativa aplicable.

Espacio protegido

Las entidades ecologistas llevaron ante la fiscalía a la junta de gobierno local de Begur por la aprobación de una modificación del planeamiento urbanístico que permitía la edificación de nueve parcelas en un "espacio natural con valor ecológico protegido" como es el Puig Montcal, integrado en la EIN Montañas de Begur y en la red Natura 2000.

Además, tal como recoge la denuncia de fiscalía, también argumentaban que el acuerdo del pleno de Begur del pasado 8 de noviembre se adoptó sin tener en cuenta nueve informes técnicos que advertían de la "irregularidad de urbanizar espacios naturales protegidos". En concreto, serían cuatro escritos del Departamento de Medio Ambiente, un dictamen pericial emitido por el Consejo de Protección de la Naturaleza, dos informes de los servicios territoriales de Acció Climàtica y dos informes de la comisión territorial de Urbanismo.

La fiscalía considera que existen indicios de delitos de prevaricación urbanística y contra la ordenación del territorio.

"Con satisfacción"

Las tres entidades ecologistas que llevaron la urbanización de Puig Montcal a la fiscalía celebran "con satisfacción" la decisión de enviar el caso a los juzgados. Aseguran que esto "viene a confirmar posibles irregularidades", pero al mismo tiempo también se muestran "prudentes" a la espera de lo que determine la investigación especializada de los Mossos d'Esquadra.

Sin embargo, los ecologistas sí confían en que la causa de Puig Montcal sirva de ejemplo y "comporte el final de una etapa de urbanización desaforada en Begur" que afecta a "bosques y montañas" del municipio. Y que se traduzca en "un cambio de rumbo" del consistorio, para que "la actuación municipal sea más respetuosa con el patrimonio natural y paisajístico".

Tribunal Superior de Justícia

Por último, Ecologistas en Acción, SOS Costa Brava y Salvem Begur explican que, en paralelo a poner el caso en conocimiento de la fiscalía especializada, también han llevado el asunto a otras instancias. En concreto, han llevado la aprobación definitiva de la modificación puntual del Plan Parcial del Puig Montcal ante el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). Aquí, interpusieron un contencioso administrativo, que ya se admitió a trámite por parte del alto tribunal.

Las entidades recuerdan, además, que "formalizaron" tres veces su oposición "frontal" a la aprobación del plan parcial y presentaron alegaciones pero la junta de gobierno local lo aprobó definitivamente haciendo caso omiso.