Un juzgado investiga la contaminación por amianto en una zona de Rubí

El Juzgado de Instrucción numero 3 de Rubí está investigando la presencia de restos de metales, plásticos y fibrocemento, un material de construcción que contiene amianto y es altamente cancerígeno, en la zona de los Horts del Castell de esta localidad, donde el año pasado se procedió al derribo de las barracas y al desalojo de los huertos. Un informe de los Mossos d'Esquadra confirmó la existencia de esos residuos repartidos por estos terrenos. Las pesquisas se han incoado a raíz de la denuncia presentada por el Grupo Municipal Alternativa Unitat Popular.

El procedimiento judicial se inició después de que la Unitat Regional de Medi Ambient de los Mossos emitiera un informe, según los denunciantes, en el que no solo constataban la presencia de fibrocemento, sino también que en la zona se había producido movimientos de tierra y que las labores de limpieza habían estado realizadas con "cierto descuido", propiciando la existencia de "pequeñas cantidades de escombros escampados, algunos metales y también plásticos diversos".

Ayuntamiento

Según los denunciantes, asesorados por el Col.lectiu Ronda, el fiscal de Medio Ambiente de Terrassa ha mostrado su adhesión a sus argumentos. La denuncia va acompañada de fotografías que demuestran en que estado se encuentran los terrenos.

Los terrenos también conocidos como Pla Dorment son propiedad de la empresa Sociedad Cerámicas Egara, en concurso de acreedores. El desmantelamiento de los huertos y las construcciones levantadas fue instado por el Ayuntamiento de Rubí alegando la existencia de riesgo forestal. Después de proceder al desalojo de las parcelas mediante un pleito contencioso, el consistorio licitó las labores de derribo y adecuación de los terrenos a la mercantil Extrayse.

Material cancerígeno

Los desalojos se iniciaron en abril de 2020 y la intervención se prolongó durante dos meses envuelta en protestas ciudadanas por lo que consideraban una ejecución deficiente de las obras, especialmente en la retirada y la manipulación de los numerosos restos de construcciones, algunos en "evidente" estado de degradación, fabricados con amianto, material altamente cancerígeno hasta en dosis mínimas de exposición. La denuncia expone que esta labor no se efectuó "con las medidas de seguridad necesarias" y dejó residuos sin "ninguna prevención".

“La tierra está envenenada con plásticos, hierro, material de construcción y, lo peor, fibrocemento de uralita o amianto, material altamente cancerígeno y que tiene un protocolo especial para su retirada", afirmó entonces un portavoz de los usuarios de los Horts Castell. Según los vecinos, fue a raíz de las protestas y movilizaciones ciudadanas cuando la empresa adjudicataria del servicio de limpieza incorporó la participación de dos firmas acreditadas para la manipulación de esos materiales peligrosos, prohibidos en la Unión Europea desde el año 2020.

Además de la posible contaminación con amianto, también se ha constatado en la zona otras intervenciones que puede ser un supuesto delito contra el medio ambiente, como es el soterramiento de residuos plásticos, metálicos, químicos, entre otros, o el peligro que corren los árboles de la zona a causa del movimiento de tierras que ha alterado la topografía.

Medidas de seguridad

Los denunciantes confían en que la investigación aclare "definitivamente" si las labores de derribo de las barracas y el desalojamiento de los huertos se realizaron adoptando todas las medidas de seguridad necesarias para prevenir la exposición a la población a "la peligrosidad del amianto". En este sentido, la corporación municipal aparece como responsable civil subsidiario en calidad de licitadora de la operación.

Para Judith Franco, abogada de Colectivo Ronda que asesora a AUP-Amunt, "la apertura de las diligencias previas es la noticia que esperábamos desde hace meses y la oportunidad de demostrar que la intervención sobre la zona de los huertos ha estado rodeada de lo que consideramos son graves irregularidades, tanto en lo que respecta al proceso administrativo desarrollado para instar el desalojo de las parcelas como, especialmente, en todo lo referente al tratamiento y la retirada del amianto y otros materiales nocivos por a la salud y el entorno».