El Govern asume el alquiler de 17.000 jóvenes ante la falta de pisos públicos y asequibles

Catalunya cuenta a día de hoy con un 1,7% del parque total de viviendas dedicadas a alquiler social. Es decir, que el 98,3% restante responde a los vaivenes del mercado, no especialmente sensible con las estrecheces de la población. Suele decirse, a tenor de la experiencia de otros países, que lo ideal es que un mínimo del 15% del global de inmuebles tengan un precio controlado, limitado y acorde con las rentas de las familias más vulnerables. Estamos muy lejos de ese porcentaje, así que mientras se construye, lo único que se puede hacer es subvencionar. Eso es precisamente lo que hizo el Gobierno el pasado año con la aprobación del Bono Joven para el alquiler. Respondió la Generalitat, alegando que mucha gente se había quedado sin ayudas, en el tercer cuatrimestre con su propia batería de subvenciones. Los beneficiados por el Govern (hubo 28.000 solicitudes y han pasado el corte unos 17.000) empezaron a cobrar este lunes.

"Las cifras evidencian que estamos ante una necesidad muy clara; la voluntad de la Generalitat es conseguir que todos los jóvenes que lo pidan puedan tener al Govern a su lado", destaca Marina Berasategui, secretaria de Habitatge. En esta primera convocatoria, anunciada en septiembre, un total de 28.384 jóvenes de hasta 36 años han solicitado dinero para poder emanciparse o poder mantener su piso. La cuantía máxima es de 250 euros y va en función de los ingresos del interesado, con un techo de 23.664,15 euros anuales. Según datos del Departament de Territori, 11.226 se han quedado fuera por no cumplir los requisitos y 13.468 han pasado el primer corte. Estos últimos son los que ya han empezado a recibir el dinero de los importes solicitados en base a sus alquileres de 2022.

El otro plan

Otros 3.683 solicitantes que también han logrado el plácet del Govern deberán esperar unas semanas para poder cobrar. En total, la Generalitat, que en primera instancia preveía destinar 29 millones a la causa, habrá desembolsado 35,7 millones de euros. Para este año, el ejecutivo catalán tiene previsto repetir la convocatoria para las rentas del presente año. Es decir, los llamamientos serán por ahora anuales, a diferencia del Bono Joven del Gobierno de Pedro Sánchez, cuyas ayudas aprobadas en 2022 tienen dos años de vigencia.

Resulta curioso desgajar la letra pequeña de uno y otro plan, porque son muy parecidos pero presentan diferencias quirúrgicas. La Generalitat ayuda hasta los 36 años y el Gobierno hasta los 35. En el caso catalán, el tope del alquiler asistido es de 950 euros, 900 en el caso estatal. En cualquier caso, la voluntad de ambas administraciones es que estos programas, tal y como señala Berasategui, es que sean "coyunturales y no estructurales". Es decir, que la construcción de vivienda social permita, a la larga, que estas ayudas ya no sean necesarias porque existirá suficiente oferta protegida para hacer frente a la demanda. En Catalunya, según cifras del Govern hay a día de hoy unas 25.000 viviendas públicas, contando las que aportan entidades bancarias para ofrecer un alquiler social.

Por demarcaciones, Barcelona, por el peso de su área metropolitana (y por elevado coste del alquiler) es la que más dinero se ha llevado, con algo más de 22 millones de euros, 19,5 de los cuales, precisamente, han ido a parar al ámbito de la gran ciudad y su entorno. Le siguen Tarragona (casi 3 millones), Girona (2,7 millones) y Lleida (1,3 millones).

¿Pisos compartidos?

El importe medio de la subvención mensual es de 205,92 euros para un alquiler medio de 584,38 euros. Es una renta que está muy por debajo del precio medio del alquiler en la capital catalana, que está en 1.066 euros, según las fianzas depositadas en el Incasòl. Es probable que muchos de los solicitantes sean personas que compartan piso y que hayan pedido ayudas al Govern en base al porcentaje que pagan de la renta total del piso. Si no es así, y visto cómo está el mercado, cuesta entender cómo tanta gente de Barcelona y su entorno han podido tener acceso a las ayudas si el techo del alquiler era de 950 euros.

La Generalitat abrió la convocatoria tras constatar, señalan fuentes de la 'conselleria' que el Bono Joven "era insuficiente". El estado prometió 58 millones para un periodo de dos años (2022 y 2023) y se recibieron 39.347 solicitudes, de las que solo el 25% (9.750) fueron concedidas. Casi 25.000 no pudieron ser valoradas por falta de presupuesto (y fueron rechazadas) y cerca de 5.000 fueron denegadas. Los que obtuvieron la ayuda estatal, por cierto, no podían presentarse a la subvención catalana. Así las cosas, entre unos y otros, un total de 67.731 jóvenes de hasta 36 años han pedido ayuda para el alquiler, de los que han logrado la paga 26.904.

En Catalunya hay 1,3 millones de ciudadanos de entre 20 y 35 años. Los habrá más jóvenes que han solicitado ayuda, pero ahí debe estar el perfil. Reclamaron la subvención el 5,2% del total, y la habrán recibido el 2% del total.