Sanidad

La Fiscalía analiza el uso de sujeciones en las residencias en espera de su supresión en 2025

Se cumple un año de la aprobación de una Circular por la entonces fiscal general del Estado, Dolores Delgado, que instruye a los fiscales de toda España sobre las sujeciones -físicas y farmacológicas- de las personas que viven en residencias

La Fiscalía analiza el uso de sujeciones en las residencias en espera de su supresión en 2025
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Cristina Gallardo
Cristina Gallardo

Periodista

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Nieves Salinas
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El próximo jueves, 19 de enero, se cumplirá un año de la aprobación, por la entonces fiscal general del Estado, Dolores Delgado, de una circular que instruye a los fiscales de toda España sobre las sujeciones -físicas y farmacológicas- de las personas que viven en residencias y que, entre otras medidas, insta a los representantes del Ministerio Público a comprobar que estas medidas sean algo provisional y siempre consecuencia de una prescripción facultativa, con el fin de evitar abusos. La Instrucción no acaba de convencer a la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA) que pide a la Fiscalía que unifique criterios, y que diferencie el uso de sujeciones y sus implicaciones en los distintos ámbitos asistenciales.

La responsable de este documento, y también de valorar el impacto en las residencias, es la fiscal de Sala de Discapacidad y Mayores, María José Segarra

También se advierte en el documento de que una "utilización desviada" de estos elementos puede conllevar sanciones administrativas e incluso penales. La responsable de este documento, y también de valorar el impacto en las residencias, es la fiscal de Sala de Discapacidad y Mayores, María José Segarra. Fuentes fiscales señalan que el departamento aún carece de datos para hacer este análisis, ya que los mismos se irán recogiendo en las distintas fiscalías provinciales y autonómicas durante el primer trimestre del año. 

La información que se consiga tendrá especial importancia según los territorios, pues al ser la gestión de las residencias una competencia de desarrollo autonómico, la percepción y conclusiones de estos fiscales serán determinantes para poder incidir en casos concretos donde la Fiscalía realiza esta función tuitiva, que no es de inspección, sino de protección y tutela de las personas ingresadas. 

Información periódica

Conforme a lo establecido en la Circular, los fiscales están recibiendo de las residencias, de modo periódico, un listado con las contenciones aplicadas, el tipo de sujeción utilizada, prescripción médica, duración, controles realizados, consentimientos informados exigidos y copia del protocolo de adopción de sujeciones mecánicas utilizado en cada centro. El análisis de dicha información es el que permitirá sacar también conclusiones generales, lo que se prevé a principios del próximo mes de abril.  

En todo caso, desde la Fiscalía especial se subraya que es importante recordar que los fiscales no son los encargados de vigilar 'in situ' la situación en las residencias. Ello sería imposible teniendo en cuenta que en nuestro país el Ministerio Público cuenta con una plantilla de unos 2.500 efectivos frente a más de 9.000 centros de mayores, a los que habría que añadir las unidades psiquiátricas donde también se aplican sujeciones.

La Fiscalía siempre ha pretendido una mayor implicación y 'cambio de mentalidad' tanto del personal de las residencias como de las familias

La Fiscalía siempre ha pretendido una mayor implicación y 'cambio de mentalidad' tanto del personal de las residencias como de las familias, para caminar hacia un objetivo de 'sujeciones cero' como el que ya se aplica en algunos centros. La Instrucción que ahora incluye un año incluye las pautas a seguir, que parten de que nadie debe ser sometido a ningún tipo de inmovilización o restricción física o tratamiento farmacológico sin previa prescripción facultativa, "salvo que exista peligro inminente para la seguridad de la persona o de terceros.

Balance de los expertos

Precisamente un año después de la aprobación de la mencionada circular, expertos como el docto Antonio Burgueño, director técnico del programa 'Desatar al anciano y al enfermo de Alzheimer', de la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA), que nació en 2004, han llamado la atención sobre la necesidad de acotar las interpretaciones de lo que se puede considerar una sujeción, y que los fiscales hagan una puesta en común al respecto, preferiblemente de acuerdo con los expertos que hay en España.

El doctor Burgueño publicaba este 10 de enero, en la web de CEOMA, una nota de 'aclaraciones y demandas' a propósito de las interpretaciones que se están haciendo de lo establecido en la instrucción del 19 de enero de la Fiscalía General del Estado. "Las interpretaciones que se están haciendo de aquella instrucción son preocupantes" explica a este diario.

El médico abunda en el texto, al que se remite, que, analizada con detenimiento la instrucción, "desde el punto de vista de qué efectos indeseables puede tener, el Programa Desatar cree que es un error mezclar sujeción con contención, o usar esos términos indistintamente como si fueran lo mismo, y que también es un error mezclar ámbitos asistenciales, como si las sujeciones fueran motivadas por las mismas razones en psiquiatría y en la atención a personas mayores en una residencia, o que sus consecuencias fueran también las mismas para cualquier persona, tanto si son jóvenes como mayores".

Para CEOMA, la Circular de la Fiscalía "ha dejado la puerta abierta a diferentes interpretaciones, tal y como se está observando en las distintas comunidades autónomas"

De hecho, en el caso del uso de sujeciones en personas mayores, no sólo se puede ver afectado su derecho a la libertad, sino que también se verá afectada su salud, mental y física, efectos que de demorarse la retirada de la sujeción pueden ser irreversibles, advierte. Para el médico, la realidad es que, la instrucción, "mezclando el concepto de sujeción con el de contención, ha dejado la puerta abierta a diferentes interpretaciones, tal y como se está observando en las distintas comunidades autónomas y por parte de las distintas inspecciones". Por eso, solicita a la Fiscalía General del Estado que unifique criterios, y que diferencie el uso de sujeciones y sus implicaciones en los distintos ámbitos asistenciales.

2025, el fin de las sujeciones

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El Ministerio de Derechos Sociales y las comunidades aprobaban el 28 de junio de 2022 el nuevo modelo de cuidados, que aboga por la atención domiciliaria y pone fin a las macroresidencias, al proponer espacios más hogareños, con grupos de convivencia de 15 personas, más personal y más habitaciones individuales. Asimismo, acaba con las polémicas sujeciones, ya sean físicas, mecánicas o farmacológicas. El texto legal recuerda que el reconocimiento de la dignidad y la promoción de la autonomía de la persona debe ser el eje vertebrador de la atención y apoyos a todas las personas.

Los centros deben tener un compromiso formal respecto a la atención libre de sujeciones y coerciones que se acreditará mediante la existencia de un Plan -con medidas alternativas de apoyo preventivo, positivo y respetuoso que minimicen el uso de medidas restrictivas, como las sujeciones- de atención libre de sujeciones que contemplará su supresión total. Además, se da un plazo máximo para terminar con estas medidas de coerción: el 30 de junio de 2025.