Lugar de un presunto secuestro sexual

Terrassa inició sin éxito un expediente para desalojar las chabolas de Les Fonts: "¿Qué mas tiene que pasar?"

  • El consistorio explica que, al no contar con la colaboración de los propietarios, el proceso iniciado este verano se puede alargar

  • Los vecinos claman por un desalojo urgente por motivos de salubridad y seguridad: una mujer ha denunciado que estuvo secuestrada allí, y el lugar ya fue escenario de otro secuestro sexual hace tres años

El exterior de la cabaña donde una mujer de Terrassa fue secuestrada.

El exterior de la cabaña donde una mujer de Terrassa fue secuestrada. / ANNA MAS TALENS (EPC)

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Elisenda Colell
Elisenda Colell

Redactora

Especialista en pobreza, migraciones, dependencia, infancia vulnerable, feminismos y LGTBI

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El Ayuntamiento de Terrassa ha abierto un expediente disciplinario urbanístico para desalojar las cabañas del barrio de Les Fonts, escenario en el que hace tres años ya se produjo un secuestro sexual y que ahora está siendo investigado por otro presunto rapto, después de la liberación este martes de una mujer que dijo haber sido víctima de un encierro. Fuentes municipales explican, sin embargo, que el proceso se puede eternizar porque no cuentan con la colaboración del propietario del terreno. Los vecinos llevan "mucho tiempo" reclamando una actuación de urgencia y critican "la desaparición" del ayuntamiento en este problema. El gobierno local se compromete a "estar pendiente" de cuanto ocurra en esta zona. Los actuales residentes, por su parte, se resisten a abandonar el lugar.

Hace años que los vecinos del barrio de Les Fonts (Terrassa) se quejan de la presencia de varias casas de lata, madera y lona, autoconstruidas en las afueras boscosas de este municipio y ubicadas en una zona inhóspita. Las quejas no son solo por la acumulación de suciedad. También aluden a motivos de seguridad evidentes. En tres años, dos mujeres han sido secuestradas y agredidas sexualmente en estas casas autoconstruidas. La última víctima fue liberada el pasado martes 6 de diciembre y su agresor quedó en libertad con cargos el pasado jueves 8 de diciembre.

Reuniones con los vecinos

El consistorio mantiene que la Policía Local de Terrassa conoce bien la sensación de inseguridad de los vecinos y que se reúne a menudo con ellos. "En momentos puntuales hemos detectado situaciones concretas, como por ejemplo actos incívicos", cuentan fuentes municipales. Explican que tras este presunto último secuestro, volverán a reunirse con los vecinos y a trabajar sobre el terreno. "¿Qué más tiene que pasar? ¿Qué otra desgracia nos espera?", insisten los egarenses con las manos en la cabeza. Las críticas de los vecinos a este lugar son ya conocidas por el consistorio. "Lo hemos avisado en muchísimas ocasiones, el Ayuntamiento lo sabe y no hace nada. Que lo desaloje y desmonte este tinglado", imploran.

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El consistorio egarense explica que en julio de 2022 los técnicos municipales inspeccionaron el lugar y abrieron un expediente disciplinaro urbanístico para desalojar las cabañas por motivos de salubridad. "El problema es que no contamos con el permiso de la propiedad del terreno", justifican desde el ayuntamiento. Esto puede provocar que el desalojo se eternice, aunque afirman que seguirán con el procedimiento imponiendo multas y sanciones hasta terminar por expropiarla. "Estaremos pendientes", se comprometen.

Sin embargo, los habitantes del lugar se resisten a irse. En una cabaña viven Ramona y Juan Ramón, un matrimonio de unos 50 años de edad que hace menos de cuatro se instaló en este lugar. El otro residente, Eloy, está acusado de secuestrar esta semana a su expareja durante diez días y de someterla a agresiones sexuales. Ramona y Juan Ramón viven en una parcela de tierra, protegida por lonas, con algunas paredes hechas de ladrillo. Tienen gallinas, placas solares para iluminarse, y cinco perros de raza peligrosa atados a los árboles que ladran y corren sin cesar a la que llega un intruso. "Nosotros de aquí no nos iremos y, si nos quieren echar, que nos den un piso", advierte Juan Ramón, el inquilino. Dice, además, que cuenta con el permiso del propietario del terreno para vivir en este trozo de monte. La pareja admite a EL PERIÓDICO que fue declarada copartícipe del anterior secuestro sexual. Su hijo fue condenado a seis años de cárcel por este caso.