Entrará en vigor en 2023

La ley universitaria que dará estabilidad laboral a los docentes comienza su andadura parlamentaria

  • El Congreso de los Diputados rechaza las enmiendas a la totalidad presentadas por PP, Vox y grupo Plural

Alumnos universitarios, en la Complutense de Madrid

Alumnos universitarios, en la Complutense de Madrid / Eduardo Parra / Europa Press

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Olga Pereda
Olga Pereda

Periodista

Especialista en educación y crianza.

Escribe desde Madrid

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La nueva ley que regirá el sistema universitario (Losu, la tercera norma universitaria de la democracia) echa a andar, por fin, en el Congreso. Los diputados han rechazado hoy las enmiendas a la totalidad (que pedían devolver el texto al Gobierno para redactarlo de nuevo) presentados por PP, Vox y grupo Plural. Se han registrado 193 votos en contra de las enmiendas, 148 a favor y una abstención. El siguiente paso que la Losu comience a ser debatida en el Congreso y después, en el Senado. Siendo optimistas, entrará en vigor en el primer semestre de 2023.

El primer borrador de la norma (bautizada como ley orgánica del sistema universitario) lo elaboró el equipo del exministro Manuel Castells y contó con el desacuerdo de los rectores, disconformes con que el texto especificara al detalle las normas para aspirar a ser rector o rectora. También los estudiantes mostraron su rechazo porque, en su opinión, no mejoraba nada a la actual ley (Lou, 2001). Cuando le concedieron la cartera de ministro, Joan Subirats quiso hacer suyo el texto legislativo, bastante continuista y menos reglamentaste que el borrador de Castells.

A no ser que cambie en su trámite parlamentario, el texto deja en manos de las universidades -que tienen autonomía propia- el establecimiento de los requisitos que un profesor deberá tener para aspirar al cargo de rector, que durará seis años (ni uno más) y no será renovable. Por primera vez, se reconocerá el derecho al paro académico por parte de los estudiantes (no se llama huelga porque no son trabajadores), una práctica habitual entre los estudiantes pero que, curiosamente, no está recogida en los estatutos de muchas facultades

El objetivo de la ley es acabar con la temporalidad de los docentes, estabilizar sus carreras académicas y ofrecer formación (y microformación) a los estudiantes a lo largo de la vida. 

La norma "dignificará" -en palabras de Subirats- las condiciones laborales del profesorado convirtiendo las plazas temporales en indefinidas, medida de la que se beneficiarán más de 25.000 profesoras y profesores asociados y que supondrá una reducción de la temporalidad del sistema universitario, pasando del 40% que fija la actual ley al 8%.

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El texto recupera el valor original de la figura del docente asociado, que aportará sus conocimientos en aquellas asignaturas donde su experiencia sea "relevante". Su docencia estará limitad a un máximo de 120 horas lectivas. Además, se incorpora la figura del profesor sustituto, cuya finalidad es la de sustituir a un docente o investigador que suspenda temporalmente sus servicios.

En cuanto a la financiación, la Losu plantea el compromiso de destinar el 1% del PIB a las universidades de aquí al 2030 en lugar del actual 0,7%.

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