Convalidado el decreto que obliga a contar con planes anuales contra incendios

El Congreso ha convalidado este jueves el real decreto que el Gobierno aprobó el pasado 1 de agosto con medidas urgentes destinadas a mejorar la prevención y la capacidad de respuesta de las comunidades autónomas frente a los incendios forestales.

El decreto obliga a las autonomías a elaborar antes del 31 de octubre un plan de prevención y extinción de fuegos que sea válido para todo su territorio y se aplique de manera interrumpida durante todo el año, porque como sostienen los expertos y brigadistas, los incendios se apagan en invierno (gracias a las medidas de prevención). "Ya no vale pensar solo en unas semanas o en algunas zonas geográficas", ha defendido la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera.

El bosque quemado en Bejís tardará 50 años en recuperarse

Ribera ha recordado que el cambio climático está provocando que la superficie forestal quemada se haya incrementado este verano hasta superar las 229.000 hectáreas calcinadas, "muy por encima de la media histórica". Asimismo, se han producido 50 grandes incendios, una cifra que sólo se superó en 2006, cuando se contabilizaron 68 grandes fuegos. "Cada vez hay más incendios, más complejos y con más dificultad para garantizar los medios físicos", ha subrayado la ministra.

Las competencias

Por ello, ha defendido que la legislación básica frente a los incendios sea "actualizada y mejorada", así como la coordinación y la formación de quienes trabajan para evitar y extinguir los fuegos. La competencia en incendios forestales es de las comunidades autónomas y algunas, como Castilla y León, no han hecho los deberes, según denuncian los bomberos forestales, de ahí que el Gobierno haya reformado la legislación para establecer unos requisitos mínimos y que no existan grandes diferencias en función del territorio.

Por ello, la principal novedad del decreto es que obliga a las administraciones territoriales a tener planes que prevean una asignación estable y permanente de medios técnicos y profesionales, también en invierno, y que dicha medida se convierta en realidad antes del 31 de enero de 2023. Por su parte, el Estado se compromete a mantener activos durante todo el año los medios aéreos y medidas de apoyo.

Las prohibiciones

Asimismo, la legislación establece un catálogo mínimo de prohibiciones que las comunidades deberán aplicar cuando el riesgo de incendio sea alto o muy alto, como prohibir la quema de rastrojos o el uso de maquinaria agrícola.

Además, la norma refuerza la coordinación institucional y establece un modelo cooperativo para la restauración de las zonas quemadas.

Los grupos nacionalistas e independentistas han advertido al Ejecutivo de que la norma invade competencias y que en "tres meses es imposible adoptar los servicios de prevención y extinción" a las exigencias contenidas, pero aún así el decreto ha sido convalidado por 265 votos a favor, seis en contra y 77 abstenciones. Lo que no ha salido ha delante es la petición de que el real decreto se transforme en proyecto legal para poder incorporar modificaciones.