Catalunya impedirá 60.000 viviendas nuevas en primera línea de mar

En febrero de 2021 se aprobó el plan para la Costa Brava, un año antes se hizo lo propio con el Alt Pirineu y ahora está en el horno la revisión del planeamiento urbanístico del resto del litoral catalán, con la salvedad del área metropolitana de Barcelona, que tiene en marcha, a otro ritmo, su propio reglamento. El Govern ha dado este jueves el primer paso para limitar lo máximo posible la expansión del ladrillo en toda de la costa catalana. Con este nuevo límite se evitará la construcción potencial de 46.000 nuevas viviendas entre Malgrat de Mar y Alcanar (el 44% del total que podrían edificarse, 106.000), que se suman a las 15.000 ya vetadas en el margen de Girona. En total, cerca de 60.000 viviendas que ya no verán el alba sobre el mar. Como si de un plumazo desapareciera la ciudad de Lleida entera.

Se trata de lugares de especial interés natural y paisajístico, pero subyace otro objetivo que da un barniz a buena parte de las decisiones que últimamente emanan del Departament de Polítiques Digitals i Territori: la descarbonización. Porque ya no se comulga con el modelo de urbanizaciones que son un polvorín a nivel forestal (tal y como se ha podido comprobar en el reciente incendio del Bages) y también son una patada a cualquier código de sostenibilidad ambiental. Apenas disponen de servicios y hay que coger el coche para todo, amen de la polución que genera el proceso constructivo. Según el director de Ordenació del Territori i Urbanisme, Agustí Serra, se evitarán cada año dos millones de emisiones contaminantes.

Recursos a la vista

El ejemplo más claro de lo que se quiere evitar es la urbanización de Sa Riera recientemente estrenada en primera línea de mar que el plan director urbanístico de Girona no pudo evitar porque el proyecto ya disponía de todas las licencias municipales. Por qué se le otorgaron los permisos a semejante propuesta es otro tema que trasciende a lo que aquí expuesto, aunque, casualidades de la vida, el municipio de Begur fue el que más se opuso a los planes del Govern y ha presentado un contencioso-administrativo que sigue su curso. En el caso de este enclave paradisíaco de la Costa Brava, el plan urbanístico echó por tierra una veintena de promociones que tenían prevista la construcción de 629 viviendas. Todo, en un pueblo con el 64% del parque inmobiliario destinado a las segundas residencias.

En el plan avanzado hoy hay municipios que pierden miles de viviendas potenciales, sobre todo al sur de Barcelona. En Vilanova i la Geltrú caen 4.180 pisos y casas, en El Vendrell se pierden 8.991 construcciones y Mont-Roig del Camp no podrá levantar 8.102 viviendas nuevas. Pero la afectación también es importante en Calella (-2.197), Creixell (-4.317), Torredembarra (2.008), Cambrils (4.352), Ametlla de Mar (3.694) o Alcanar (2.160). Y así hasta alcanzar la cifra de 46.800 de un total de 106.000 viviendas que podrían construirse. Es decir, sí podrían seguir adelante 59.200 promociones. Falta, sin embargo, superar el proceso de alegaciones que se inicia en septiembre. Con la exposición pública de la costa de Girona se recibieron 21 informes de organismos, 26 escritos de los ayuntamientos y 285 alegaciones de particulares y entidades, así que es previsible que con el nuevo plan también haya quejas. Con la Costa Brava, el plan inicial pasó el corte en un 97%. Así que la cosa, ahora, tampoco debería cambiar demasiado.

"No estamos de acuerdo"

"Lo hemos hecho de manera que podamos evitar posibles indemnizaciones, aunque existe el riesgo de que alguien presente una demanda de responsabilidad patrimonial", ha admitido Serra. No sería raro, puesto que el precio de un solar urbanizable y el valor de una zona rústica es como comparar los presupuestos del FC Barcelona y el del Club de Futbol l'Albi. La opinión de la alcaldesa de Begur, Maite Selva (Junts), sobre el planeamiento urbanístico del litoral catalán da algunas pistas de por dónde pueden ir las nuevas alegaciones. A la vista de las convenios comprometidos con agentes privados, lamentó que la Generalitat "legislara a espaldas de los ayuntamientos y se olvidara de la autonomía municipal".

Otros municipios afectados de la costa de Girona, como Palafrugell, Sant Feliu de Guíxols, Castell-Platja d’Aro, Calonge, Palamós y Pals, también compartieron con la Generalitat sus dudas sobre el blindaje jurídico de la medida. “Les preocupaba uno de los artículos del plan. Pensaban que sus criterios no eran lo suficientemente objetivos y temían que acabara generando inseguridad jurídica”, aseguran fuentes del Departament. Serra Insiste en que se han hecho los deberes: "Hemos llevado a cabo una operación de cirugía técnica y jurídica".

Cinco veces el Eixample

El nuevo plan director ha analizado 334 ámbitos concretos de 30 municipios que suman 4.700 hectáreas de superficie y en los que aún se podían construir las citados 106.000 nuevas viviendas. Tras aplicar los criterios territoriales, urbanísticos, ambientales, sectoriales (ley de costas) y paisajísticos, 97 de estos sectores se quedan como están, mientras que 132 modifican algunos parámetros y 105 quedan desclasificados como suelo urbanizable. Con esta operación, 1.878 hectáreas dejarán de ser edificables. Añadiendo las de la Costa Brava, serán algo más de 3.500 las hectáreas que no aceptarán ladrillo alguno, el equivalente a cinco veces la superficie del Eixample de Barcelona.

Queda pendiente la regulación del entorno de la capital catalana, que está en manos del Área Metropolitana de Barcelona (AMB). Lo que se decida afecta a ocho de los 36 municipios de este ente supramunicipal (Castelledefels, Gavà, Viladecans, El Prat de Llobregat, Barcelona, Sant Adrià de Besòs, Badalona y Montgat). En el AMB siguen vigentes los postulados del plan general metropolitano aprobado en 1976, pero la idea es actualizar toda la regulación urbanística con un reglamento, el plan director urbanístico metropolitano, que se cocinando desde hace cuatro años y debería entrar en la fase de aprobación inicial en los próximos meses.

Donde también ha entrado la tijera es en el Alt Pirineu. El plan, aprobado en enero de 2020, afecta a 26 municipios de las comarcas de la Cerdanya, Alt Urgell, Pallars Sobirà, Alta Ribagorça y Pallars Jussà. En este caso, el Govern ha evitado la construcción de cerca de 8.500 viviendas. En total, entre mar y montaña, caerán, a la espera de Barcelona, se han evitado más de 70.000 viviendas.