La jueza da vía libre a la eutanasia al exvigilante de seguridad de Tarragona que disparó a sus excompañeros

La jueza ha dado vía libre a la eutanasia solicitada por el exvigilante de seguridad de Tarragona que disparó a sus excompañeros de una empresa de seguridad y a un mosso, porque es un "derecho fundamental" y porque la ley no prevé que la justicia pueda interferir en un proceso de muerte asistida. La togada considera que es prioritario el derecho a la integridad física y moral, a la dignidad y a la libertad y autonomía personal, no sólo por su entidad, sino también por su "proximidad al núcleo de derecho a la vida"

Durante su detención, el mismo día que abrió fuego contra varios excompañeros el pasado diciembre, hiriendo a tres de ellos y a un agente de los Mossos cuando este trató de impedir su huida, el exvigilante de seguridad sufrió una lesión medular tras ser reducido a tiros por la policía, y hace dos semanas pidió que se le aplicara la eutanasia.

La dirección del Hospital Penitenciario de Terrassa en el que se encuentra ingresado autorizó al vigilante preso, M.E.S, de 46 años de edad, iniciar el proceso de muerte asistida por reunir los requisitos legales, pero dos de las víctimas del tiroteo -entre ellas el agente de la policía catalana herido- pidieron al juzgado que paralizara el procedimiento.

En un auto, la titular del Juzgado de Instrucción 5 de Tarragona, Sònia Zapater Torres, resuelve que no procede "la interrupción" del proceso de muerte asistida solicitado por el pistolero, puesto que la Ley de Eutanasia "no atribuye al juez instrucción (tramita la causa penal) para decidir acerca del proceso de eutanasia", pues corresponde esa decisión a los médicos responsables y a la verificación por la Comisión de Garantía y Evaluación

La juez resalta en este sentido que la ley "no regula de manera específica la eutanasia aplicada a personas que se hallen en situación de prisión provisional o sujetas a un procedimiento judicial de cualquier tipo".

"Un derecho fundamental"

La togada sostiene que las exclusiones previstas en la ley son en el caso de menores o de personas que "no tengan capacidad de decidir", por lo que esta exclusión no puede hacerse extensiva a un preso como es este caso, según la resolución avanzada por EL PAÍS. También rechaza que no se garantice el derecho de las víctimas a un proceso justo, que "en modo alguno debe interpretarse como un derecho de castigo", sino que la investigación se desarrolle con el cumplimento de las normas procesales". En este sentido, la magistrada admite que "comprende la desazón de las víctimas, quienes podrían ver dificultado su proceso resarcitorio", pero ello se puede producir por otras causas "sin que para evitar muchas de ellas el juez pueda adoptar medida alguna". A la vez, recuerda que los afectados pueden obtener parcialmente por otra vías.

La acusación particular ejercida por el mosso d'esquadra herido, que representa el letrado José Antonio Bitos, abogado del sindicato USPAC, pidió a la jueza que emitiera una "orden urgente" al Hospital Penitenciario de Terrassa para que cesara "cualquier actividad" encaminada a llevar a cabo la eutanasia hasta que no se dicte sentencia.

A evaluación

En un escrito, el letrado sostenía que el Hospital de Terrassa "no puede en modo alguno decidir sobre la vida de un investigado internado por orden judicial".

"Un asesino, o presunto en este caso, no puede esquivar ni el juicio ni una condena mediante una eutanasia", de forma que debe ser el juzgado el que acuerde "todas las medidas de protección necesarias para evitarlas", esgrimía la acusación.

Tras el aval de la juez instructora, será ahora la Comisión de Garantía y Evaluación, un organismo multidisciplinar dependiente de la Generalitat, la que evalúe el proceso de eutanasia solicitado por el pistolero.