Nuevo derecho

Las bajas menstruales exigirán un diagnóstico del ginecólogo

El Consejo de Ministros aprueba el anteproyecto de reforma de la ley del aborto, que contempla nuevos derechos

La norma tendrá un coste de 104 millones de euros, 57 para el permiso antes del parto y casi 24 para las bajas por menstruaciones incapacitantes

La ministra de Igualdad, Irene Montero.

La ministra de Igualdad, Irene Montero.

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Patricia Martín
Patricia Martín

Periodista

Especialista en sanidad, igualdad, violencia machista, infancia, consumo

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El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la amplia reforma de la ley del aborto, que no sólo prevé blindar el acceso a este derecho en la sanidad pública y que las menores de 16 y 17 años no tengan que contar con el permiso paterno, sino que crea nuevos derechos: una baja menstrual para mujeres con reglas dolorosas; otra por aborto -tanto voluntario como involuntario- y un permiso universal a partir de la semana 39 de gestación, justo siete días antes de que el embarazo llegue a término.

La baja por menstruación requerirá que la mujer haya sido diagnosticada por un médico de dismenorrea -dolor intenso uterino en la menstruación- y debe constar en el historial clínico, pero el anteproyecto no incluye un listado de enfermedades, como endometriosis, miomas, quistes, etc que puedan causar esa dolencia, dado que a veces los médicos no encuentran el motivo o la enfermedad es difícil de diagnosticar hasta un estadio más avanzado. El anteproyecto dice que podrán acogerse las mujeres con "menstruación discapacitante secundaria", que es la "situación de incapacidad derivada de una dismenorrea generada por una patología previamente diagnosticada".

Esta baja será financiada desde el primer día por el Estado mientras que los otros dos permisos el primer día lo costeará la empresa y el resto la Seguridad Social. Y es que el Ministerio de Igualdad diseñó una reforma más ambiciosa, en la que se incluía una rebaja del IVA de los productos menstruales; la derogación de la ley del 2010 para evitar el recurso del PP ante el Constitucional; y que los tribunales pudieran perseguir a las parejas que recurran, en el extranjero. a la gestación subrogada. Pero estos aspectos se han quedado fuera del anteproyecto en la etapa final de la negociación con el ala socialista del Ejecutivo, que la semana pasada sufrió momentos de tensión, sobre todo debido a la creación de las bajas por menstruaciones incapacitantes y quien las financia.

Las tensiones

El Ministerio de Inclusión y la vicepresidenta económica mostraron reticencias pero finalmente se acordó que serán financiadas íntegramente por el Estado, como propuso Igualdad, para tratar así de minimizar la posible discriminación de las mujeres en el mercado laboral. Los otros dos permisos no han corrido la misma suerte y el destinado al embarazo ha sido rebajado de la semana 36 a la 39 de gestación, pese a que muchas mujeres dan a luz antes.

Ante las dudas por la baja menstrual que han expresado sindicatos y expertos, dada la posibilidad de que se desincentive la contratación de mujeres, Montero ha respondido este martes que "lo que es estigmatizante es que, hasta ahora, hablar de la regla en el trabajo no era una posibilidad". "Lo que hace esta ley es que la mensturación deje de ser algo asociado al estigma, que se entienda como parte de la salud y que podamos sentir que las instituciones están ahí para garantizar derechos". La ministra ha detallado que la norma tiene un coste de 104 millones de euros, 57 para el permiso antes del parto, casi 24 millones para las bajas menstruales y el resto para otras medidas.

Los contenidos del anteproyecto, que aún tiene una larga tramitación por delante antes de que entre en vigor, se pueden resumir en cinco grandes ámbitos:

Aborto

La ley garantiza el aborto en la sanidad pública y pone énfasis en que la prestación debe acometerse cerca del domicilio. Para ello, crea un registro de objetores, similar al de la ley de eutanasia, con el fin de identificar qué servicios tienen que reforzarse para garantizar el derecho en todas las situaciones.

Además, se eliminan los tres días de reflexión y la entrega de un sobre con información como requisito de acceso. La información se dará a las mujeres que lo soliciten. La ley, eso sí, incorpora una provisión de asistencia y acompañamiento integral y que las jóvenes de 16 y 17 años puedan abortar sin permiso paterno. Los centros de salud distribuirán la píldora de día después, que ahora vale 20 euros, de forma gratuita.

Salud menstrual

Por primera vez, una ley española dedica un capítulo a los derechos relativos a la salud menstrual. Además de la baja a la que podrán acogerse mujeres con reglas dolorosas, que no requerirá un mínimo de cotización, se repartirán gratuitamente productos de salud menstrual en institutos, prisiones, centros sociales y organismos para luchar contra la pobreza menstrual.

Educación sexual

El anteproyecto refuerza los contenidos de educación sexual en el currículo escolar que ya incorporan otras normas como la ‘ley Celáa’. Además, se repartirán de forma gratuita anticonceptivos en los centros educativos y penitenciaros. Se crearán centros de atención en salud sexual, una línea de atención telefónica y se formará a profesores, funcionarios de prisiones y trabajadores públicos.

Anticoncepción

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Las píldoras de última generación volverán a ser financiadas por la Seguridad Social y se fomentará los métodos de anticoncepción masculina, para que haya corresponsabilidad.

Violencias reproductivas

Otro de los apartados que se ha rebajado en la negociación ha sido el de la violencia obstétrica. Ante el rechazo que ha generado en el ámbito médico, no se incluye este término pero sí se refuerza la obligación del personal sanitario de actuar conforme al parto respetado, lo que incluye el consentimiento informado ante prácticas invasivas como episiotomías o evitar la separación del bebé y su madre. La ley prevé la elaboración de un protocolo común de actuaciones, que sirva de referencia a las comunidades y la formación de los profesionales en parto respetuoso y no intervencionista. Asimismo, contempla como violencia la gestación subrogada, la esterilización, el embarazo y el aborto forzoso.