El Gobierno aprueba la segunda remesa de fondos para conciliación

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la segunda remesa de fondos del 'Plan Corresponsables', la política "semilla" creada en 2021 y destinada, por primera vez, a que el Gobierno ayude a las familias a conciliar, desde la óptica de que el Estado también es corresponsable del cuidado de los menores. En concreto, se han repartido 190 millones de euros entre las comunidades autónomas (a excepción de Navarra y Euskadi), la misma partida que se transfirió el año pasado. El Ministerio de Igualdad intentó que la cuantía creciese en los presupuestos de 2022, pero no lo consiguió en la negociación con el PSOE, al igual que se quedó en el tintero la ampliación de los permisos de paternidad y maternidad o la aprobación de un cheque bebé.

Lo que sí que ha logrado es que las autonomías puedan gastar los remanentes no empleados en 2021, dado que el 25% de los fondos se transfirieron en el tercer trimestre y no ha habido mucho tiempo de plasmarlos en políticas concretas. De hecho, Catalunya aún está pendiente de que los ayuntamientos y los consejos comarcales, que serán los encargados de la ejecución, presenten la documentación para recibir los fondos, según fuentes del Departament d'Igualtat i Feminismes. En otras autonomías se ha ido más rápido y ya hay consistorios que están poniendo en marcha ludotecas, campamentos o ampliando los servicios de guardería existentes en los colegios, para facilitar la conciliación.

No obstante, como los fondos son limitados, para poder acceder a las ayudas se han fijado grupos preferentes en función del nivel de renta y del resto de cargas familiares. Por ejemplo, se concederán preferentemente a familias monoparentales; a víctimas de la violencia machista; a mujeres en desempleo de larga duración; a mayores de 45 años o a unidades familiares con otras cargas de cuidados, como mayores o dependientes.

Reducción de los plazos

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha destacado que este año se han repartido los fondos en el primer trimestre, lo que implica una reducción del 55% de los plazos, "para ser lo más diligentes posibles y que las comunidades, que tienen las competencias, puedan hacer un despliegue lo más rápido y eficaz de las políticas feministas [dado que las mujeres se ocupan fundamentalmente del cuidado de los niños], reforzando el compromiso del Gobierno con que sean una cuestión de Estado".

Lo mismo ha sucedido con los fondos correspondientes al pacto de Estado contra la violencia de género. El Consejo de Ministros ha aprobado también este martes, tal como ha adelantado EL PERIÓDICO, el reparto entre autonomías de los 100 millones consignados en el acuerdo de Estado y de 17 millones adicionales para programas de apoyo y asistencia integral a víctimas de la violencia de género y de agresiones o abusos sexuales. La distribución ha llegado por primera vez en el primer trimestre.

La actualización del pacto de Estado entre todas las fuerzas políticas excepto Vox el pasado noviembre permitió la posibilidad de que los fondos vayan a parar a las entidades feministas que tienen programas de atención integral a las víctimas. Por ello, según ha destacado Montero, en la resolución se incluirá la posibilidad de que las autonomías "puedan financiar a esas entidades".

Plan de medidas urgentes

Asimismo, la renovación del 'Plan Corresponsables' incluye dos novedades: se amplía de 14 a 16 años la edad de los menores que pueden ser objeto de cuidados y se permite que las autonomías puedan financiar los proyectos que desarrollan ya cientos de asociaciones de padres y madres, organizando por ejemplo actividades extraescolares en los colegios. "Esas actividades que han desarrollado con enorme soledad y enorme esfuerzo contarán ahora con el respaldo del Gobierno".

Montero ha subrayado que el compromiso del Gobierno es que "la conciliación sea un derecho" y, para ello, además del 'Plan Corresponsables', el Ejecutivo trabaja en otro conjunto de medidas que serán incluidas en la ley de familias, cuyo borrador legal está muy avanzado, o formarán parte de un plan de medidas urgentes de conciliación en el que trabajan varios ministerios.

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