Los partidos renuevan el Pacto de Estado sin Vox en una ola de manifestaciones

Este 25 de noviembre, Día internacional contra la violencia machista, se ha conmemorado en España con decenas de manifestaciones que han llenado plazas y calles para exigir nuevas medidas que acaben con las agresiones que sufren las mujeres. Y los políticos han recogido el guante y han rubricado en las Cortes un acuerdo de todas las fuerzas, excepto Vox, que convierte en permanente el histórico pacto de Estado alcanzado en 2017.

Una treintena de grupos del Congreso y el Senado han firmado, en presencia de Pedro Sánchez, la ministra de Igualdad, Irene Montero, y los presidentes de ambas cámaras, un dictamen que sirve para que blindar la unión institucional frente al machismo violento y dotar este esfuerzo de “financiación pública estable, suficiente, adecuada y con independencia del ciclo económico”. En lo que va de año han sido asesinadas 37 mujeres y esta ‘cifra de la vergüenza’ es solo la punta del iceberg de una violencia que según la macroencuesta estatal sufren 1 de cada dos féminas.

El Pacto del 2017 se plasmó, tras un año de arduas negociaciones, en 214 recomendaciones por parte del Congreso y 267 medidas en el Senado, para lo cual se acordó invertir un mínimo de 220 millones de euros anuales. Si bien, caduca en septiembre de 2022. Pero el Gobierno ha preferido renovar el acuerdo antes de que finalice este plazo y para ello ha negociado con los grupos dictamen más genérico y fácil de consensuar, con 13 grandes objetivos. Entre ellos, destaca que continuará la co-gobernanza y se adecuará la normativa estatal al convenio de Estambul, que pide dar respuesta a todas las violencias y no solo a las que tienen lugar en el ámbito de las parejas.

Otras violencias

Asimismo, el dictamen reclama “asegurar la especialización profesional” de todos los sectores que intervienen en la prevención y atención a las víctimas; ampliar la red de recursos y que los circuitos de atención integral se declaren esenciales y asegurar una respuesta ante la violencia económica, la violencia vicaria (la que se produce hacia los hijos con la intención de dañar a la madre)y la violencia en el ámbito digital.

Algunas de estas medidas estaban recogidas en el anterior pacto y pendientes de llevar a cabo, dado que, como informó el martes EL PERIÓDICO, se han cumplido el 83% y falta un 17%. Pero otras son nuevas como que las asociaciones feministas que ofrecen servicios de prevención o acompañamiento a víctimas reciban financiación. Igualdad quería incluir que reciban un 1% pero al final el porcentaje ha quedado sin definir, en aras del consenso.

El dictamen tampoco incluye una cifra presupuestaria final, pero los negociadores consideran que ningún gobierno podrá invertir un montante insuficiente puesto que el pacto se auditará por parte del Parlamento cada 25 de noviembre.

La negociación

Al acuerdo se ha sumado el PP pese a que la formación capitaneada por Pablo Casado no está de acuerdo en muchas de las iniciativas del Gobierno en materia de igualdad. Por ejemplo, presentó una enmienda a la totalidad a la ley de garantía de la libertad sexual, conocida como ley del 'solo sí es sí', y otra a la norma que penaliza el acoso en las clínicas abortistas. Si bien, la ministra de Igualdad ha destacado que los populares han mostrado “disposición” al acuerdo.

Por el contrario, Vox se ha quedado fuera porque la lucha contra la violencia de género va en contra su ADN. El dictamen hace una mención velada a la ultraderecha al señalar que la “protección de las mujeres se debe explicitar combatiendo los discursos negacionistas”.

Tras la rúbrica del acuerdo, Sánchez ha participado en un acto del PSOE donde se ha comprometido a “extirpar” la violencia machista y Montero tenía previsto asistir a una de la treintena de manifestaciones que se han celebrado en Madrid, en concreto la de Vallecas. En Barcelona, por el contrario, ha habido una marcha unitaria, con inicio en el Paseo de Gràcia y finalización en la Plaza de Catalunya. Asimismo, se han celebrado actos conmemorativos organizados por ayuntamientos, gobiernos y parlamentos autonómicos.