El juez archiva la investigación al Govern por el covid en los geriátricos tras las escuchas del 'caso Voloh'

El juez de Barcelona Joaquín Aguirre ha archivado la investigación abierta a raíz de las escuchas telefónicas del ‘caso Voloh’ de presunta corrupción y financiación del 'procés' con la que se pretendía esclarecer si hubo irregularidades en la gestión de la Generalitat en las residencia de ancianos a raíz de la propagación de la pandemia del covid, según las fuentes jurídicas consultadas por EL PERIÓDICO. El magistrado acordó a finales de 2021 el sobreseimiento de las diligencias judiciales a raíz de la petición realizada en este mismo sentido por la fiscalía, que era la única acusación comparecida en el procedimiento. En la causa no se ha personado ninguna asociación de afectados, por lo que el togado se ha quedado si alguien que pudiera ejercer la acusación ya ha procedido a dar carpetazo al caso.

La Fiscalía de Barcelona descartaba en el escrito que se hubiera cometido un delito de homicidio imprudente, al no haberse podido determinar "a efectos penales", una relación de "causalidad directa entre los fallecimientos y el traslado de los pacientes" a centros sanitarios, que según la Guardia Civil y en un caso concreto, viajaron mezclados los que tenían síntomas del covid y con los que no. También rechaza la existencia de un delito de malversación en la contratación de unos servicios por parte de la Generalitat, en la que aparecía el 'exconseller' de ERC Xavier Vendrell. 

El fiscal Víctor Castell consideró que no existían "elementos objetivos" que acrediten que el desplazamiento de pacientes con síntomas del covid junto con otros sanos provocara fallecimientos. No se les hicieron test, porque se carecían de ellos. Añade que entonces no había un protocolo para traslados. Exculpa de encubrimiento María Cinta Pascual, presidenta las patronales Associación Catalana de Recursos Assistencials (ACRA) y el Círculo Empresarial de Atención a las Personas Dependientes, que declaró como testigo ante la Guardia Civil al inicio de las pesquisas.

Multitud de documentos

La investigación se inició a raíz de las conversaciones intervenidas al exconseller Xavier Vendrell en el 'caso Voloh'. En las llamadas telefónicas salían a relucir la situación de los geriátricos durante el confinamiento. El juez abrió una pieza separada para esclarecer si se cometió algún delito y solicitó a las 'consellerias' de Salut y Afers Socials (ahora Drets Socials) multitud de documentación. Las pesquisas se centraron, al final, en una residencia y en unos contratos para la derivación de ancianos a centros sanitarios.

Los investigadores sospechaban en un principio que en algunos casos los protocolos no funcionaron en algunos geriátricos, ni siquiera para gestionar el aprovisionamiento de bolsas para cadáveres. La Guardia Civil comunicó al juzgado que se pudieron haber cometido “graves errores” y posible descontrol en el traslado de personas de unas residencias a otros centros y en la conducción de los pacientes a los hospitales, que en algunas ocasiones fueron tardíos.

Las pesquisas no atañen solo a la época en que las residencias eran competencia de la Conselleria de Afers Sociales, sino también desde que las asumió la Conselleria de Salut, en abril de 2020, tras constatarse la gravedad de la situación. A partir de ese momento, se estableció que los geriátricos debían comunicar en 48 horas desde la publicación del decreto de traspaso las incidencias existentes y que estos datos debían actualizarse cada 24 horas.

A parte de este proceso judicial, la Fiscalía de Barcelona, al igual que la del resto de España, abrió decenas de investigaciones para aclarar la muerte de ancianos en los geriátricos a causa del covid. La mayoría se incoaron a raíz de las denuncias de la familia de los fallecidos en la primera oleada de la pandemia, pero, en algún caso, las interpusieron directivos de los mismos centros asistenciales. Prácticamente todos estos casos penales han quedado archivados en la capital catalana.

El dolor que continúa

"Sigo con pastillas para dormir, me cuesta levantarme por las mañanas... es esa sensación de que no cambiará nada, que les da igual todas las muertes la que no me deja avanzar", se sincera Enriqueta López Blanco. Su madre falleció en 2020 en la residencia Bertran Oriola, en la Barceloneta. Este es el último hachazo que reciben de la justicia, pero ya son decenas las denuncias archivadas de las asociaciones de familiares de las residencias para investigar la crisis de los geriátricos durante la pandemia. "Ni por la vía penal, ni por la vía civil... nadie ha pagado por aquello, es vergonzoso y creo que como sociedad debemos planteárnoslo. Sus vidas no les importan a nadie", añade. Una opinión muy similar a la que mantiene Maria Jose Carcelén, des de la asociación de residencias 5+1. "No hay ningún interés en saber qué pasó, en hacer justícia. Los muertos se produjeron, no les llevaron al hospital, los que llegaron estaban deshidratados y llenos de llagas. Esto es indiscutible y hay culpables, no pasó solo", critica Carcelén. "En los geriátricos se vivió la peo masacre humana después de la guerra civil. Ni el poder judicial ni la sociedad ha estado a la altura. No ha habido justicia", añade Carcelén.

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