Investigación judicial
El fiscal pide el archivo de la investigación a geriátricos y Govern por el covid
Descarta el delito de homicidio imprudente, al no poder establecer relación directa entre los fallecimientos y el traslado de los pacientes
J. G. Albalat
Redactor
Ha trabajado en el Diario de Barcelona, El País y AVUI. Desde hace años en El Periódico cubriendo los acontecimientos judiciales. Premios Ortega y Gasset, Save the Children, Ramon Barnils y Josep Maria Planes por la investigación del 'caso Maristas' sobre abusos sexuales en los colegios. En el 2016, mención honorífica de la Generalitat en el Día de la Justicia. Colaborador de publicaciones jurídicas. Profesor asociado Master de Criminología de la Universitat de Barcelona.
El fiscal Víctor Castells ha solicitado al juez el archivo de la investigación para aclarar si hubo irregularidades en la gestión de la Generalitat en la crisis del covid en las residencias de ancianos durante el confinamiento por el covid y en la realizada por los mismos geriátricos, según el escrito al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.
El ministerio público descarta que se hubiera cometido un delito de homicidio imprudente, al no haberse podido determinar "a efectos penales", una relación de "causalidad directa entre los fallecimientos y el traslado de los pacientes" a centros sanitarios, que según la Guardia Civil y en un caso concreto, viajaron mezclados los que tenían síntomas del covid y con los que no. También rechaza la existencia de un delito de malversación en la contratación de unos servicios por parte de la Generalitat, en la que aparecía el 'exconseller' de ERC Xavier Vendrell.
Requerimientos a la Generalitat
La investigación se inició, precisamente, a raíz de las conversaciones intervenidas a Vendrell en el 'caso Voloh'. A raíz de las llamada telefónicas en las que salían a relucir la situación de los geriátricos durante el confinamiento, el juez solicitó a las Consellerias de Salut y Afers Socials (ahora Drets Socials) multitud de documentación. Las pesquisas se centraron, al final, en una residencia y en unos contratos para la derivación de ancianos a centros sanitarios.
El fiscal sostiene que no existen "elementos objetivos" que acrediten que el desplazamiento de pacientes con síntomas del covid junto con otros sanos provocara fallecimientos. No se les hicieron test, porque se carecían de ellos- Añade que entonces no había un protocolo para traslados. Exculpa de encubrimiento a la presidenta de dos patronales de residencias, María Cinta Pascual.
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