La Generalitat recorta los fondos para la Renta Garantizada en los presupuestos

Los presupuestos de la Generalitat para el 2022, pendientes de ser aprobados, recortan en casi 30 millones los fondos destinados a la Renta Garantida de Ciudadanía (RGC) respecto lo ejecutado durante el año 2020 y lo previsto para 2021. Se trata de una de las prestaciones más importantes de Catalunya que, hasta la aparición del Ingreso Mínimo Vital, era la única ayuda social que les quedaba a las personas sin empleo que habían dejado de cobrar el paro. Al considerarse una prestación de carácter subjetivo, las personas que cumplan con los criterios deberán cobrarla igualmente, aunque la 'consellera' Cervera tendrá que conseguir dinero extra de las cuentas del Govern para garantizarlo. Según un informe, hecho a petición de la Generalitat, solo el 38% de las familias que viven en la pobreza severa en Catalunya pueden percibir esta prestación.

En menos de dos años, tras una pandemia mundial y una situación cronificada desde el crack financiero, los datos de pobreza en Catalunya han escalado a condiciones inéditas. Uno de cada cuatro catalanes vive bajo el umbral de la pobreza, y en el caso de los menores la cifra asciende a uno de cada tres. Este escenario ha impactado directamente en las cuentas de la Renta Garantizada de Ciutadanía. En 2020 el Govern ejecutó 427 millones (39 millones más de lo presupuestado) para conceder esta ayuda. En las cuentas de 2021, dada la avalancha de solicitudes, se presupuestaron 430 millones de euros para dar estas prestaciones. Sin embargo las cuentas de 2022, presentadas el pasado viernes por la 'consellera' de Drets Socials, reducen esta aportación a los 400 millones de euros.

De estos 400 millones, 300,65 van destinados a los parados que hayan agotado el subsidio y el resto (99,35 millones) servirán para complementar otras pensiones estatales que no llegan a los 600 euros mensuales. En septiembre de 2021 había 53.600 hogares que dependían de las primeras ayudas y 49.000 de las segundas. Las ayudas que sufren el recorte en los presupuestos son las que se destinan a los parados sin ingresos, ya que en 2020 se ejecutaron 335,15 millones de euros en esta partida (35 millones más) mientras que el dinero para los complementos sube en 7 millones. "Ante esta pobreza galopante, estamos perdiendo fuelle", le recriminó el diputado del PSC, Raúl Moreno, a la consellera de Drets Socials Violant Cervera, el pasado viernes en El Parlament, tras preguntarle el porqué de esta rebaja.

La peor cobertura del IMV en Catalunya

Esta estrategia de la Generalitat responde a la aparición del Ingreso Mínimo Vital como nueva prestación social. "Estamos trabajando en un convenio de gestión con el Ministerio [de Seguridad Social] para que aporten 350 millones más y poder llegar a la cifra de 650 millones de euros", dijo la 'consellera' Violant Cervera en el Parlament. Teóricamente, con esta nueva ayuda estatal, Drets Socials sólo debería complementar las ayudas que entrega Gobierno Central para las familias desfavorecidas. Sin embargo, en la realidad Catalunya es la comunidad con menor aplicación del IMV. Sólo el 4,9% de hogares bajo el umbral de la pobreza lo cobran, mientras que en otras comunidades la tasa supera el 20%, según un estudio de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales.

Los trabajadores pobres

Hace años que las oenegés batallan para que, lejos de estos recortes, la aportación económica de la RGC se amplíe en Catalunya. Piden una modificación de la ley que incluya más supuestos y que llegue a todos los hogares que la necesitan. Según un informe que la Generalitat encargó a la consultoría pública de Iválua en 2020 el 62% de los hogares en situación de pobreza severa no puede recibir esta prestación. Mayoritariamente, porque alguno de sus miembros trabaja. El mismo informe sugiere que habría que modificar la ley catalana para que los trabajadores precarios puedan acceder a esta ayuda. Para abordar estos cambios, la Generalitat va a reunir en los próximos días al Consejo de Gobierno de la Renta Garantizada de forma extraordinaria, formado por una representación de la Taula d'Entitats del Tercer Sector, los sindicatos CCOO y UGT, además de las patronales.

A parte del dinero para la RGC, los presupuestos de Drets Socials para 2020 crecen un 30% respecto el 2020 gracias a los fondos europeos. La propia consellera reconoció que muchas de las partidas son "insuficientes". Por ejemplo, el dinero destinado a la dependencia, que crece en 150 millones de euros pese que el sector lleva tres años reclamando 300 millones extras para dar una atención "digna".

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